Economiagate: citan a ex funcionarios por pagos y por Greco

Felisa Miceli

La Justicia citará en los próximos días a declaración indagatoria al ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial y ex director de Administración del Ministerio de Economía Juan Cayetano Intelisano, en el marco de la causa que investiga el presunto intento de pago fraudulento de $ 500 millones al grupo Greco. El ex funcionario también es investigado por el supuesto pago ilícito de $ 54 millones al grupo de reaseguradoras Accolade Pool, denuncia que tramita en el mismo juzgado y que desencadenó la renuncia al cargo que ocupó por más de 30 años.

En el caso a cargo del juez Sergio Torres, ya fueron procesados el ex subsecretario de Legales, Osvaldo Siseles, y la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, quienes también fueron denunciados por el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, en su investigación sobre el pago al grupo de reaseguradoras y las supuestas relaciones del área de legales con el gestor y empresario croata Johann Holjevac.

El escándalo por el millonario pago al grupo Greco se desató durante la gestión de la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, cuando el Congreso pidió explicaciones a fines de 2006 por una partida de bonos que figuraban en el presupuesto, destinadas al grupo mendocino. Tanto el juez de primera instancia como la Cámara Federal desestimaron la posible implicación de la titular de la cartera en este caso.

Presunta omisión

Intelisano es investigado por supuestamente haber omitido certificar los millonarios pagos que el Estado nacional había desembolsado por cuenta y orden del grupo Greco en favor de distintos acreedores por más de $ 145 millones, y que correspondía compensar con los $ 322 millones que el juez Francisco de Asís Soto había ordenado pagar al Grupo, según denunció el director nacional de Deuda Pública de la cartera, Nicolás Amado.

La Cámara Federal ordenó a Torres que profundizara sobre esta línea de la causa, cuando confirmó el procesamiento de Siseles y Eggink por el caso Greco. En este marco, la Oficina Anticorrupción (que impulsa la causa) requirió varias medidas, entre las que se encuentra un informe de la Subsecretaría de Legales de Economía, presentado el 20 de julio pasado.

En el escrito se enfatiza que el Estado nacional no debe nada al grupo Greco y que la orden de pago dispuesta por el juez Soto no tiene efecto, luego de la denuncia de supuestas irregularidades en la tramitación del desembolso. El informe destaca, además, de manera conjetural que si hubiera correspondido pagar a los empresarios mendocinos para cumplir con esa sentencia, se habría cumplido la compensación con los pagos ya realizados por el Estado por cuenta y orden del grupo Greco. En este punto, el escrito resalta que, a pesar de esto, el entonces subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial, Intelisano, «expresó que había constatado la inexistencia de pagos parciales o de saldos deudores compensables», cuando en realidad éstos superaban ya los $ 145 millones, y que era a su dependencia a la que correspondía «la efectivización de las registraciones pertinentes».

El informe de la Subsecretaría de Legales respondió así al pedido de la Justicia, que avanza lentamente en una causa que ya lleva tres años. Paralelamente, Torres investiga el caso de los $ 54 millones, denunciado por Garrido en enero pasado. Si bien el caso estaba divido en un primer momento (Torres llevaba la denuncia de presunto lavado de dinero y María Servini de Cubría estaba a cargo de la supuesta defraudación al Estado), a fines de febrero se unificó en el juzgado del magistrado. En este proceso también están imputados quien fue señalado como el supuesto gestor del pago, Holjevac, así como Darío Morresi, Walter Oscar Bonavera y Jorge Rodríguez.