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EE.UU.: Florida quiere una ley antiinmigrantes sin precedente
Policías cachean a inmigrantes en el estado de Arizona, donde rige parcialmente una dura ley tachada de «racista» por organizaciones civiles. Ayer, el fiscal general (ministro de Justicia) del estado de Florida, Bill McCollum, presentó un proyecto más duro que el del otro estado sureño.
El fiscal Bill McCollum indicó que la iniciativa irá «un paso más allá» que la de Arizona. En los hechos, con probables 700.000 «indocumentados», Florida tiene mayor tradición migratoria que Arizona y mayor variedad del origen de los latinoamericanos que viven allí. En cambio, quienes llegan o atraviesan Arizona provienen en general del limítrofe México o de Centroamérica.
El contenido del proyecto «de imposición de leyes migratorias», que será presentado en la próxima sesión del Congreso estadual, fue dado a conocer en la ciudad de Orlando en una conferencia de prensa.
Según el texto, los agentes policiales municipales y estaduales deberán revisar la situación migratoria de personas detenidas o arrestadas sólo cuando existan «sospechas razonables» de que el individuo pueda ser indocumentado. «Ese es el corazón de la ley que creemos que después de que sea aprobada será codiciada por Arizona. Esta ley va un paso más allá», firmó McCollum, que aspira a ser el nuevo gobernador de Florida.
El fiscal general aclaró que el proyecto de ley contiene «provisiones específicas para evitar perfiles raciales y que la Policía vaya a revisar a alguien sólo porque parece inmigrante». Las organizaciones civiles y el propio Obama consideran que normas de este tipo abren la vía para detenciones por «portación de cara», que terminan en deportaciones sumarias y desmembrando familias.
Una «sospecha razonable» puede ser la presentación de documentos, como una licencia de conducir de apariencia falsa o la carencia de papeles de identificación personal en el momento de la detención y arresto, agregó McCollum. La medida legislativa contempla como un delito menor punible con 20 días de cárcel la no portación de documentos migratorios.
Como una diferencia con la ley de Arizona, la propuesta migratoria de Florida permitirá que los jueces dicten sentencias más duras contra indocumentados encontrados culpables de cometer delitos.
También requerirá que los jueces tomen en cuenta la situación migratoria de los arrestados antes de imponer fianzas «porque un ilegal es más propenso a fugarse», subrayó McCollum. El fiscal aseguró que esta ley es «importante y necesaria desde hace tiempo en Florida, que no será un santuario para extranjeros ilegales».
Asimismo, establece que los negocios utilicen el sistema federal de verificación de identidad «E Verify» y convierte en delito la búsqueda de trabajo sin permiso legal.
De acuerdo con el legislador republicano William Snyder, su propuesta legislativa es necesaria en Florida debido «a la enorme presión de los ciudadanos» y los problemas sociales que considera inherentes a la inmigración ilegal, como la criminalidad, las pandillas y el tráfico de drogas.
«El tema de la inmigración es muy emocional», declaró Snyder. «No podemos controlar las emociones (de la gente)», reconoció el representante por el distrito de Stuart, en la costa este de Florida.
La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, entró en vigor el pasado 29 de julio, aunque sin su articulado más polémico, después de que la jueza federal Susan Bolton ordenara su bloqueo.
El fervor de los antiinmigrantes estará en juego en las elecciones de medio término de noviembre, cuando se renovará la Cámara baja, un tercio del Senado y varios puestos de gobernador en todo el país. Sin embargo, también pesa en Florida el voto de los hispanos, una de las fuerzas electorales más poderosas detrás de la victoria de Obama, en 2008.
El Gobierno demócrata lleva a cabo una serie de medidas para reforzar los controles fronterizos -el martes la Cámara baja aprobó un nuevo paquete de u$s 600 millones con ese objetivo-, para satisfacer así los reclamos de los sectores que piden «mano dura» contra la inmigración ilegal, al tiempo que impulsa una reforma migratoria «integral» para abrir el camino para la regularización de la gran mayoría de los 12 millones de «sin papeles».
Agencias EFE, AFP, Reuters y ANSA


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