Efecto Nidera: Gobierno quiere en marzo nueva ley de peón rural

• Investigan si trabajadores recibían alimentos de planes sociales bonaerenses

Daniel Scioli, Gerónimo Venegas

El Gobierno avanzará desde marzo, y como prioridad, en la sanción de la nueva ley para regular el trabajo del peón rural. Para lograrlo, buscará el apoyo de varios sectores opositores, incluyendo el peronismo federal. Para esto, presionará ante el propio titular del gremio que representa a los trabajadores del campo, Gerónimo «Mo-mo» Venegas, para que los diputados del sector del justicialismo opositor también avalen el proyecto que impulsa el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada.

Venegas milita hoy cerca del peronismo de Eduardo Duhalde. Sin embargo, en las últimas horas también embistió contra las compañías acusadas de contratar peones en situación irregular.

El proyecto que impulsará el Gobierno en el Congreso desde marzo incluye la prohibición para los empleadores de exceder la jornada laboral en más de 8 horas, la obligación de cumplir con el salario mínimo vital y móvil, y el establecimiento de un régimen de jubilaciones especial de 57 años sin distinción de sexo y con 25 años de aportes. Las remuneraciones para el rubro serán fijadas por la Comisión Nacional del Trabajo Agrario.

Además, los peones podrán tener 15 días de licencia ante el nacimiento de un hijo y la obligación para el empleador de garantizar guarderías. Se incorpora también el derecho a huelga y la obligación de una negociación colectiva para el sector.

Para el Gobierno, el estallido del problema del trabajo irregular en el campo a partir de las fiscalizaciones a empresas como Nidera, Southerns Seeds Prod. y Satus Ager, entre otros, en la provincia de Buenos Aires, implicaría un momento político ideal para impulsar el proyecto definitivo para terminar de regular de manera especial el nuevo régimen del peón rural.

Malas condiciones

Según los datos oficiales, de algo más de un millón de peones rurales que trabajarían anualmente en el país, unos 600.000 estarían en algún tipo de condición irregular de contratación y realizarían sus tareas en malas condiciones. Esto surge de las estadísticas nacionales realizadas en el Ministerio de Trabajo. Coincidiría con la información obtenida en las últimas fiscalizaciones en la provincia de Buenos Aires, donde, según los datos de la cartera laboral de esa provincia que maneja Oscar Cuartango, se habrían encontrado ya unos 710 trabajadores en condiciones irregulares o «infrahumanas», según la definición del propio ministro del Gobierno de Daniel Scioli. Según la provincia, emprendimientos como el de Nidera, Southern Seeds y Satus estarían incumpliendo en delitos de la trata de personas y, para la Justicia provincial, la reducción a servidumbre y malversación de caudales públicos, porque en algunos casos se detectó que para alimentar a los trabajadores se utilizaban productos provenientes de Desarrollo Social de la provincia.

Según la investigación que realiza el Gobierno de Scioli, en la fiscalización a Nidera en un campo de San Pedro se habrían encontrado productos alimenticios que habrían sido repartidos gratuitamente entre personas carenciadas de la provincia y con comercialización prohibida. La investigación judicial en curso afirma que algunos de los alimentos subsidiados por la gobernación habrían sido incluidos en las viandas de la empresa contratada por Nidera para servir a los peones. Según fuentes de la gobernación, en alguna de las bocas de distribución de los bolsones de comida se generaron mafias que luego comercializaban los alimentos. Fuentes de la empresa aseguraban que en realidad se trataba de productos que habían traído los propios peones; sin embargo, las marcas encontradas en la fiscalización serían exclusivas de los bolsones bonaerenses. Los peones provenían de Santiago del Estero, donde no existen estos productos. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social provincial, que maneja Baldomero «Cacho» Álvarez, aseguran que se trata en realidad de alimentos (especialmente fideos) con número de lote y rótulo que prohíbe específicamente su comercialización; provenientes del plan de distribución de alimentos gratuitos para comedores barriales.

La gobernación y la compañía también se enfrentan ante la acusación de inscripciones irregulares de parte de la empresa. Según el Ministerio de Cuartango, «los trabajadores no aparecen registrados correctamente», ya que no estarían anotados en el lugar donde realizan sus tareas (San Pedro), sino en otras localidades. La empresa asegura que las 133 personas que estaban trabajando fueron contratadas correctamente.

La investigación incluye también la violación de las leyes laborales en cuanto a las condiciones en que se realizaban las tareas de los peones. En este sentido, se asegura desde la provincia que los trabajadores realizaban sus tareas sin agua potable, energía eléctrica y bajo hacinamiento (donde podían dormir 10 lo hacían 25).

Ayer se aclaró también que dentro de estas fiscalizaciones fue incluida la empresa Syngenta, que tenía todas sus instalaciones y registraciones laborales en orden. Se informó que la empresa no está acusada de ningún delito en causas judiciales. La inspección (no allanamiento) realizada el martes por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, UATRE y Renatre en un campamento de la compañía en Ramallo arrojó resultados satisfactorios.