El chavismo lleva al extremo su embestida contra la fiscal rebelde

El Gobierno de Venezuela quiere apartarla por “insania mental” y busca limitar su competencia para investigar violaciones de los derechos humanos. La funcionaria, una simpatizante del oficialismo que decidió resistir sus abusos, subió la apuesta y pidió remover a ocho jueces de la corte suprema.

HEROÍNA. La fiscal general Luisa Ortega gana adeptos entre los críticos de Nicolás Maduro por su oposición al Gobierno. Ayer fue recibida con aplausos en la sede del Tribunal Superior de Justicia en Caracas.

Caracas - La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, arreció ayer su ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro, al promover el enjuiciamiento de ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mientras que el chavismo embistió una vez más contra su figura, acusándola de "indigna" y promoviendo una quita de sus competencias para investigar delitos.

Por segundo día consecutivo, Ortega, chavista devenida en la crítica de mayor peso del Gobierno, acudió al TSJ, en Caracas, en busca de la destitución de los ocho jueces de la Sala Constitucional por estimar que cometieron delito de "conspiración" contra el sistema democrático al asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN, único poder controlado por la oposición) a mediados de marzo. Entonces, la fiscal denunció la ruptura de orden constitucional y Maduro ordenó a la corte suprema dejar sin efecto el fallo, cosa que ocurrió.

"No es (solo) a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la Nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias. Lo que se está buscando es desmantelar el Estado", denunció ayer Ortega. "Sería la muerte del derecho si siguen en la Sala", afirmó.

"No puede ser que se desmantele el Estado por caprichos", agregó, al enfatizar que tampoco es tolerable que el TSJ elimine instituciones del Estado porque son incómodas al presidente.

El lunes, la fiscal general impugnó el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por el saliente parlamento de mayoría chavista, por considerar que su "parcialidad" aceleró la severa crisis del país, envuelto en una ola de protestas opositoras y represión que deja por el momento 67 muertos.

Los adversarios de Maduro acusan al TSJ de servir al Gobierno, pero los señalamientos de Ortega profundizaron la fractura del chavismo y la crisis institucional que vive el país desde que la mayoría opositora en la AN fue declarada en desacato, a inicios de 2016.

Ayer, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, también chavista, pidió ante el máximo tribunal que la Defensoría pueda participar en investigaciones de violaciones a derechos humanos y no sólo la Fiscalía, como viene ocurriendo.

"Es una cualidad inherente" de la Defensoría del Pueblo "investigar las violaciones de derechos humanos", dijo Saab, criticado por la oposición por su inacción ante la brutal represión de las fuerzas de seguridad, y aseguró que hubo "una interpretación libre" de la Constitución por parte del Ministerio Público.

Además, la bancada parlamentaria chavista pidió ayer a la justicia evaluar la salud mental de la fiscal: "Pido conformar una junta médica, que es competencia del TSJ. Se evidencia que esta señora no está en sus cabales", dijo el legislador Pedro Carreño.

Mientras que el vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, calificó a Ortega de "fiscal indigna" y puso fecha a la salida de la chavista rebelde: en 48 días, una vez que la Asamblea Constituyente sea electa y tenga la facultad de dictar decisiones por encima de cualquier otro poder del Estado.

Desde hace semanas, en los actos chavista recibe insultos de la militancia que la tilda de "traidora", "corrupta", "inepta" y hasta de "loca". El influyente dirigente y diputado Diosdado Cabello, quien impulsó a Ortega como fiscal, llegó a pedir disculpas públicas por ello.

Ortega, en tanto, denunció que su familia ha sido víctima de amenazas y persecución por parte de los servicios de inteligencia y advirtió que si lago llegara a pasarle a sus allegados sería responsabilidad directa de Maduro.

El TSJ, por su parte, decidió ventilar ahora el caso del uso de un avión privado en poder de la Fiscalía en calidad de "aseguramiento", que no había sido devuelto pese a que en 2015 había sido ordenado que fuera regresado a sus dueños. El supremo admitió ahora además una demanda de los propietarios y pide una bitácora completa de los vuelos realizados supuestamente de forma personal por parte de Ortega.

Fiscales de 12 países iberoamericanos, entre ellos Argentina y Brasil, repudiaron ayer "los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la fiscal".

Agencias AFP y EFE,y Ámbito Financiero