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El chavismo quiere preso, por opinar, al dueño de un canal
El jefe de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de la Asamblea Nacional (Congreso), Manuel Villalba, se reunió con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a quien le entregó un video de la exposición que hizo Zuloaga en la reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Aruba. La letrada designó luego un investigador para el caso.
«Este ciudadano tiene que asumir la responsabilidad posterior a su declaración. Nosotros estamos haciendo una solicitud de investigación contra un ciudadano que ha hecho señalamientos al presidente Chávez sin sustentos», aseveró el diputado.
Villalba señaló que Zuloaga se refirió en la SIP al intento de golpe contra Chávez en abril de 2002. Según dijo, el empresario televisivo afirmó en la conferencia que quienes adelantaron el episodio en la pantalla lo hicieron mal, lo que consideró como una aceptación de su supuesta participación en la conspiración. El tema fue debatido el martes en la cámara legislativa, dominada por la mayoría oficialista, que aprobó una declaración pidiendo un proceso contra Zuloaga.
Ante las críticas, Villalba indicó que en Venezuela existe libertad de expresión por los «cuatro costados», pero que las personas deben hacerse responsables de sus declaraciones. «Hay una intencionalidad de acusar al Estado de aplicar el delito de opinión en Venezuela. Aquí hay absoluta libertad de expresión, pero no se puede permitir que se tome ese argumento como una trinchera, eso es traición a la patria», aseveró.
«El mundo reconoció la participación de los medios de comunicación en la planificación» de la intentona. «Estamos en presencia de una persona que no quiere el camino de la democracia, sino que quiere atajos que lleven a una situación distinta del proceso democrático que lleva a que el pueblo se exprese a través del voto... Si él asegura que el golpe se hizo mal, es seguro que anda en un plan de desconocer la voluntad popular», recalcó. Fue este legislador quien días atrás solicitó una investigación sobre el líder opositor Oswaldo Álvarez Paz, quien se encuentra en prisión desde el lunes.
En ese sentido, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Mark Toner, afirmó: «Estamos seriamente preocupados por el arresto del ex gobernador simplemente por expresar sus puntos de vista en un programa de televisión».
«Instamos al Gobierno venezolano a que cumpla su compromiso según la Carta Democrática Interamericana para defender el principio del respeto de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, que es esencial para las democracias representativas», afirmó.
Álvarez Paz, ex gobernador del estado de Zulia, fue detenido la noche del lunes tras haber declarado al canal de televisión Globovisión que el Gobierno de Chávez viola los derechos humanos y tiene vínculos con el terrorismo y el narcotráfico.
La Fiscalía informó que presentó cargos en su contra por la presunta comisión de los delitos de «conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa». Las penas por los delitos de los que se acusa a Álvarez Paz van de los 2 a los 16 años de prisión.
El delito de opinión «no existe en Venezuela», pero lo están «instaurando ahora, por vía, no legal, sino de jurisprudencia», dijo ayer el alcalde opositor del municipio caraqueño de Baruta, Gerardo Blyde. Esta detención es «sin duda, para crear temor en las declaraciones de cada uno y para crear autocensura», agregó Blyde. Álvarez Paz fue gobernador del estado petrolero de Zulia entre 1989 y 1992, y candidato a la presidencia de la República por el partido socialcristiano COPEI en 1993.
Agencias ANSA, DPA y AFP
