El club del juego: fantasmas por un plan estatizador K

Amado Boudou

El mercado del juego está congelado. No por falta de jugadores ni por baja en la facturación. Tampoco por el cierre temporal de algunos bingos. Es más simple: el rumor de estatización, que adquirió un volumen impensado, paralizó a los potenciales compradores.

Hace meses, el grupo AGG, que administra dos salas en Avellaneda y una en Florencio Varela, quiere desprenderse de, al menos, el 60% del negocio. La gerencia local pidió 50 millones de dólares. Una ganga. Pero el fantasma de YPF clausuró las billeteras.

¿Cuánto vale una cadena de bingos que declara facturar 100 millones de pesos? Equis. ¿Cuánto vale la misma cadena entre versiones, agitadas por voceros K, de una potencial estatización? Como el dólar blue en los felices días kirchneristas, carece de cotización.

Sólo Cristóbal López, hiperactivo en los asuntos del azar, se sentó a la mesa. Lo que debía ser una operación sigilosa se escapó de los labios de Gustavo Di Maggio, mano derecha de Martín Blaquier, presidente de Biyemas, cabeza de playa del grupo AGG.

En el mundo de los bingueros se asegura que al trascender las conversaciones, Cristina de Kirchner le mandó a decir a López que cancele la operación. Traducción: la constante vinculación del empresario a los K indujo a la Presidente a frenar su expansión.

Si en el futuro comprara los bingos de Avellaneda, competiría consigo mismo, en particular en un «nicho» segmentado de jugadores: el de los inmigrantes chinos que eligen la zona sur y se reparten entre los casinos flotantes, que controla en sociedad con la española CIRSA, y a los de Avellaneda.

Así y todo, López posa sus ojos en otros intereses. La eventual incorporación de salas es menos relevante que el retroceso de Boldt, la empresa de Antonio Tabanelli, que quedó bajo fuego cuando Amado Boudou la acusó de agitar el affaire Ciccone.

El Santo Grial está doblemente amarrado al promovido derrumbe de Boldt porque a fin de año vence el contrato por el enlace on line se la Lotería bonaerense y porque unos meses después caduca la concesión del casino Trilenium de Tigre.

El fin de esa explotación daría lugar a que se anule la zona de exclusividad de 150 kilómetros en torno a la megasala. A López se le atribuye pretender quedarse con la licencia de un bingo a crear en San Isidro o Vicente López, zona de altísimo poder adquisitivo.

Aunque no es un negocio menor, lo del on line tiene valor estratégico: esa red de conexión será, más temprano que tarde, la autopista por excelencia para administrar el negocio de las apuestas electrónicas más allá de la Lotería y los juegos convencionales.

Los temores de los bingueros tendrán, la semana que viene, razones para potenciarse. Un grupo de legisladores K, encabezados por Mario Caputo, terminó de redactar un proyecto que, de máxima, plantea la total estatización del sistema de juegos de azar.

Este diario lo anticipó hace 10 días, cuando se trataba, apenas, de un texto germinal. Según trascendió ayer, el proyecto ya está escrito y en unos días un grupo de diputados prevé abrir la discusión en la reunión del bloque del FpV de la Cámara baja bonaerense.

Además de los legisladores que reportan al ministro del Interior, Florencio Randazzo

-que el fin de semana avaló la discusión de la estatización-, también se sumó otro club K provincial, a través de Darío Golía, diputado que responde a Julián Domínguez.

Con menos visibilidad, porque cualquier movimiento induce a leer que es la postura de Cristina de Kirchner, aparecen agazapados los delegados de La Cámpora.

Días atrás, el Gobierno de Scioli hizo circular la versión de montar una mesa de debate, puertas adentro del FpV, para analizar la cuestión del juego. Hasta anoche eso no había ocurrido. Gabriel Mariotto, en tanto, convocó a un foro sobre el tema para el 12 de agosto.

En la escala de reformas, por abajo de la estatización -que detonaría una catarata de juicios-, aparecen otras variables: desde un aumento del canon negociado con los bingueros hasta una suba en la alícuota de Ingresos Brutos, que en la actualidad es del 8%.

La suba unilateral del canon podría convertirse en una abstracción si no es consensuado con los empresarios. Cuando en tiempos de Felipe Solá se lo elevó al 34%, previamente se acordó con los bingueros para que acepten readecuar los contratos vigentes.

Llevarlo, por caso, al 50% sería un simbolismo cuando sólo entraría en vigencia en el momento de renegociar las licencias, es decir, después de 2021.

Aparecen, en paralelo, otros entuertos. Uno está ligado a que los empresarios se agrupan en dos cámaras enfrentadas, con distinta actitud y capacidad de fuego. Una paradoja: la que anuda a Daniel Angelici, Codere y Daniel Mautone, seduce también a Cristóbal López.

Es decir: un radical macrista, una firma española que recurrió al «contado con liqui» para transferir su rentabilidad (la filial argentina financia su expansión en el exterior) y un viejo conocido del PJ bonaerense terminan hermanados en una cofradía del juego.

Al margen, se agrupan los dueños territoriales, presididos por Jorge Pereyra del grupo Midas. A raíz de esa ruptura, la negociación puede volverse engorrosa porque los bingos de menor rentabilidad (que agrupa Pereyra) acusan menos margen para aceptar una suba del canon o de Ingresos Brutos.

El caso es Avellaneda. Apenas unos miles de metros separan, entre sí, a la sala ubicada en el conurbano, que paga un canon del 34%, de los casinos amarrados en Puerto Madero, que abonan un 19,8% por el mismo concepto.

Ombliguistas, empresarios con intereses en el juego de la provincia se preguntan por qué no se discute incrementar, también, ese porcentaje. O alertan sobre una maniobra para centralizar el negocio en pocas manos.