La índole de la referida inflación es que tiende a acelerarse, dada la intención de los empresarios de recuperar sus precios relativos, y la de los asalariados de reducir el plazo de los acuerdos, para evitar el deterioro de sus remuneraciones, todo lo cual no hace sino intensificar el ritmo de la misma. En lo que va de este año, la inflación se desaceleró, como consecuencia del proceso recesivo, derivado, en lo esencial, del clima de desconfianza generado por la política gubernamental, adversa al mercado, con intervenciones directas y groseras en el funcionamiento de éstos, y en el enfrentamiento con el campo, por la famosa Resolución 125.
Esta desconfianza se refleja en una huida del peso hacia el dólar, generando un proceso de iliquidez que lleva a la recesión, y al desempleo (la actual euforia por los títulos públicos, refleja especulaciones de corto plazo, y no confianza en los fundamentos de la economía).
Esta iliquidez se muestra, por ejemplo, en que, mientras el IPC del período que va del 2/1/2008, hasta setiembre de 2009, fue del 35% (estimación de investigadores privados), la circulación monetaria en igual lapso, apenas creció en un 7%.
No es que el Banco Central se haya decidido por una política monetaria restrictiva (remedio «neoliberal»), sino que su fuente de expansión de la base monetaria, en el quinquenio 2003/2007, fue la compra de dólares en el mercado cambiario para frenar su caída, manteniéndolo en torno a $ 3, lo que implicó la vigencia de una «neoconvertibilidad», es decir, un tipo de cambio fijo. De esa forma, la autoridad monetaria compró en el referido quinquenio, 33.000 millones de dólares (cifra redonda).
Desde 2008 no pudo seguir con esta política, porque el mercado cambiario dejo de ser excedentario en dólares, para ser neutro (equilibrio entre oferta y demanda), lo que determinó un escasa intervención neta del Banco Central en el mismo. En lo que va del corriente año (fines del tercer trimestre), la pérdida de reservas fue de 1.064 millones de dólares. Todo esto explica el citado modesto crecimiento de la circulación monetaria (dejamos de lado M2, dada la reducida magnitud del multiplicador bancario, después del derrumbe de la convertibilidad).
Si el Banco Central quisiera suplir esta iliquidez, financiando a la Tesorería, la situación de desconfianza se agravaría, porque la gente asocia este financiamiento con inflación. En igual sentido obraría la derogación de la Ley de Responsabilidad Fiscal ¿Y entonces? Aparecen los cantos de sirena de una devaluación fuerte, aunque no como la de 2002, pero sí en una medida necesaria para recuperar, por ejemplo, la competitividad de 2005, lo que requeriría un tipo de cambio de 1 dólar/$ 5,50.
Estos cantos de sirena encuentran un grado de asidero fuerte, si medimos el tipo de cambio competitivo, como una relación entre la remuneración bruta mensual (promedio) del sector registrado, y el tipo de cambio nominal. Este cálculo muestra, a fines del primer semestre del año en curso, que mientras esta remuneración se incrementó, desde 2002, en un 242%, el referido tipo de cambio lo hizo en apenas un 14%. Esto es el resultado de una combinación entre la espiral precios/salarios, y una política cambiaria de «neoconvertibilidad».
Por su parte, el salario real determinado por la referida remuneración, en relación con la evolución del IPC, muestra que en tanto aquélla creció en la magnitud señalada anteriormente, este índice lo hizo en un 221%, lo que implica un aumento del mismo, entre el inicio de 2002 y el 1 semestre del año que corre, del 7%.
No obstante esto, una devaluación fuerte avivaría este puja distributiva; si Moyano se convirtiera en el Lorenzo Miguel del «rodrigazo», volveríamos a experimentar la hiperinflación. Frente a esta repetición de nuestras crisis cambiarias, derivadas de políticas inflacionarias, tributarias, a su vez, de la demagogia política, la que se nutre de la misma sociedad, por su creencia en que basta expresar deseos para que éstos se cumplan, sin considerar los recursos requeridos para su concreción, y sin tomar en cuenta, tampoco, la implicancia para el crecimiento a mediano plazo de la fuente a la que se apela para obtenerlos (ej., la Resolución 125, como traba para que el país se convierta en una potencia agroindustrial exportadora).
(*) Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas


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