Se trata del primer familiar de la monarquía del país en purgar una condena de este tipo. Aunque tiene herramientas para apelar, los especialistas consideran que no podrá eludirla.
Escándalo. Iñaki Urdangarin fue condenado por fraude, prevaricato y malversación. De acuerdo con al sentencia, está comprobado que abusó de su situación de privilegio para favorecer sus negocios.
Madrid - Ocho años después del estallido del caso de corrupción que puso en jaque a la monarquía española, el Tribunal Supremo dictó ayer sentencia firme sobre el cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, quien tendrá que acudir hoy al juzgado para retirar la orden de ingreso en prisión.
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El exdeportista profesional, casado con la infanta Cristina, fue condenado en 2017 a seis años y tres meses de prisión por fraude, prevaricato y malversación, entre otros delitos.
La corte rebajó levemente esa pena hasta los cinco años y 10 meses, lo que de todas formas no evita que en días se convierta en breve en el primer familiar del rey que entra en ir a la cárcel. Las últimas opciones que tiene el cuñado del monarca son pedir el indulto -que tendría que otorgar el propio Felipe VI a petición del Gobierno- o apelar ante el Tribunal Constitucional.
En cualquiera de esos casos, el condenado podría pedir la paralización de la ejecución de la sentencia a la Audiencia de Palma, el tribunal que lo juzgó en su momento junto a su esposa (a la que absolvió) y a quien corresponde decidir sobre su encarcelamiento.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, de más de 300 páginas, "está acreditado" que Urdangarin, gracias a "la situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado, consiguió mover la voluntad" de dirigentes públicos para sus negocios en el Instituto Nóos, una entidad ligada al deporte a través de la cual desvió fondos públicos.
"Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio", reza la sentencia.
La decisión de la justicia suscitó numerosas reacciones en España. La casa real expresó su "absoluto respeto a la independencia del poder judicial", según informaron fuentes de la institución. Los reyes Felipe VI y Letizia protagonizaron actos públicos en Madrid, sin ofrecer ningún comentario sobre la resolución judicial.
Desde el Gobierno del socialista Pedro Sánchez se mostraron también cautos. "No vamos a opinar sobre una resolución judicial. Se ha cumplido el Estado de Derecho, las garantías, la ley es igual para todos", dijo la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
La izquierda española, por otra parte, pidió el ingreso inmediato de Urdangarin en prisión y criticó lo que considera una Justicia "desigual" con "notables privilegios" para el cuñado del rey.
El estallido del "caso Nóos" supuso en 2010 un golpe para el reinado de Juan Carlos I, quien abdicó en su hijo Felipe cuatro años después. Con la llegada al trono del nuevo monarca, la infanta Cristina y su hermana Elena quedaron fuera del núcleo de la familia real.
El matrimonio reside desde 2013 en Ginebra (Suiza) con sus cuatro hijos para tratar de evitar la presión mediática y social levantada por el escándalo. Tras la sentencia de la Audiencia de Palma en febrero de 2017, Urdangarin quedó en libertad provisional.
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