El dilema de la libertad sindical

Dentro de la políti-ca nacional labo-ral, el Gobierno deberá decidir el próximo año un capítulo trascendental en la futura vida sindical argentina: si finalmente acepta o rechaza la aparición de gremios y representaciones de trabajadores por fuera de las grandes organizaciones afiliadas a la Confederación General del Trabajo (CGT). O más concretamente, los Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, deben resolver si los primeros atisbos de aparición de estos gremios son avalados oficialmente y, eventualmente, amparados y fomentados para su futura evolución. De la respuesta que dé el Gobierno dependerán luego la marcha y el futuro de la alianza que los Kirchner mantienen con Hugo Moyano. Esto ocurrirá en 2010, justo el año en que el camionero titular de la CGT buscará su mutación en dirigente político del justicialismo y, eventualmente, una candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Promesa

Si el Gobierno permite ese avance de gremios independientes, que en su mayoría están representados por dirigentes de la izquierda más radical, habrá tomado en el año del Bicentenario una de las decisiones más importantes en la historia del sindicalismo argentino. Cumplirá, además, una promesa que en su momento el propio Néstor Kirchner le hizo al entonces titular de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor De Gennaro: la institucionalización de esa agrupación con el mismo estatus jurídico que la CGT. En su momento, el ex presidente veía esta promesa como un ariete importante en la formación de un proyecto transversal de centroizquierda, cuando la posibilidad de una alianza sólida con Moyano aún era algo lejano. Luego, con los años, la posición de cercanía con el camionero y con el justicialismo sindical se fue consolidando; a la misma velocidad que se congelaba la eventual institucionalización de la CTA.

La situación continuó sin variaciones hasta fines de 2008, cuando un fallo de la Corte Suprema avaló la creación de un gremio separado del sindicato general y despabiló otras causas similares en el Poder Judicial. Varias de éstas evolucionaron en diferentes niveles durante 2009 y en el año del Bicentenario tendrían resolución judicial. Esta cuestión también deberá ser tenida en cuenta por el Gobierno en el momento de elaborar una política gremial definitiva que atienda la presión de ciertas basas.

El mundo empresario ve con malos ojos la posibilidad de la legalización de las centrales de base y su separación de los gremios centrales nacionales, cercanos a la conducción de la CGT. Sucede que en todos estos años de Gobierno kirchnerista, especialmente desde la reaparición de las negociaciones paritarias en 2005, las cámaras empresariales y las grandes compañías del país pudieron encaminar (más allá de conflictos más o menos serios) estas discusiones salariales en un marco de cierta civilidad bajo el amparo del Ministerio de Trabajo. La estrategia a seguir siempre fue la misma: los Kirchner, Moyano y Tomada discutían durante unos días (a comienzos de cada año) el porcentaje básico que las negociaciones deberían tener para definir los aumentos salariales de todo el mapa laboral y, luego, desde marzo, los diferentes sectores iban abriendo las discusiones con sus pares empresariales de manera más o menos dura en lo verbal (incluyendo movilizaciones con declaraciones cercanas al fin del mundo), para luego firmar el porcentaje que anteriormente había sido cerrado por el Gobierno y el camionero (ver aparte).

El esquema, más político que económico, terminó siendo avalado por todas las partes y contribuyó a cierto clima de paz laboral en estos últimos años. La posibilidad de la aparición de sindicatos de base separados de esas centrales sindicales sectoriales, que con mayor o menor vehemencia terminaban firmando el porcentaje negociado en la cúpula gubernamental-sindical, podría terminar siendo la defunción del sistema de negociación paritaria de los últimos años. En lugar de cerrar las negociaciones en discusiones gremiales generales, los diferentes sectores tendrían que enfrentar nuevas contiendas laborales con sectores más radicalizados que además deberán demostrar que tienen un poder de fuego mayor que el de la CGT para conseguir incrementos salariales más importantes y condiciones laborales más favorables.

Caso testigo

El caso Kraft es un ejemplo de lo que podría multiplicarse de haber más casos de comisiones internas que discuten acuerdos por fuera de los gremios centrales y buscan su independencia. Situaciones cercanas a la de la ex Terrabusi podrían vivirse en empresas y sectores como Pepsi Co., Coca-Cola, Techint, Siderca, Aluar, Acindar, autopartistas, metalúrgicas, sanatorios privados y plásticos. Mención aparte merece el caso Metrovías, en el que los trabajadores del subte no esperarán muchos meses más durante 2010 para definir su situación con respecto a la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Por ahora, y durante los primeros meses del año próximo, esta comisión interna respetará el acuerdo firmado en noviembre último en el Ministerio de Trabajo, en el que se pactó no incurrir en paros de actividades durante un año, al menos por motivos sindicales.

El conflicto podría volver hacia marzo, cuando los trabajadores del subte tengan que negociar sus incrementos salariales dentro de las discusiones paritarias.

La UTA insistirá en que estas discusiones se realicen en el marco de las paritarias generales del sector, incluyendo choferes de micros y colectivos. La comisión interna de subtes tomará una posición activa y buscará negociar independientemente de la conducción nacional de la UTA. El Gobierno deberá tomar partido aceptando una u otra vereda negociadora. Inevitablemente, si la UTA y la comisión no llegan a un acuerdo, habrá conflicto. n