Adopciones, poder y dinero: la condena a una exjueza que golpea la confianza en la Justicia

El caso de la exmagistrada de Familia de Pilar expone mucho más que una causa penal: revela cómo la desigualdad, la vulnerabilidad y la falta de controles pueden contaminar una de las decisiones más sensibles del Estado.

Juzgado de Familia de Pilar.

La condena a Alejandra Claudia Velázquez, exjueza de Familia de Pilar, no es solamente una noticia judicial. Es un hecho institucional de enorme gravedad que obliga a discutir el funcionamiento real del sistema de protección de la infancia, los controles sobre quienes ejercen poder jurisdiccional y el riesgo de que la desigualdad económica ingrese por la puerta trasera de los expedientes de adopción.

Una exjueza de familia fue condenada por hechos vinculados con el ofrecimiento de dinero en causas de adopción. Ese dato, por sí solo, debería conmover a cualquier sociedad. Porque en materia de infancia no se administran bienes, contratos ni intereses patrimoniales: se decide sobre vidas. Sobre identidades. Sobre vínculos. Sobre niños que no pueden defenderse solos y sobre mujeres que, muchas veces, llegan al sistema judicial atravesadas por pobreza, soledad, miedo o abandono.

El caso resulta especialmente sensible porque no involucra a un actor marginal del sistema, sino a quien debía representar al Estado en su función más delicada: proteger a niñas, niños y adolescentes. Un juzgado de familia no es una oficina burocrática. Es el lugar donde la legalidad debe convertirse en cuidado concreto. Donde cada firma puede modificar una historia familiar para siempre. Donde el expediente no puede ser tratado como un trámite, porque detrás de cada foja hay una vida.

La adopción, en la Argentina, es una institución de protección. No existe para satisfacer el deseo adulto de tener un hijo, aunque ese deseo sea legítimo, profundo y doloroso. Existe para garantizarle a un niño una familia cuando se han agotado otras alternativas posibles y cuando esa decisión respeta su interés superior, su identidad, su historia y sus derechos fundamentales.

La jueza Alejandra Claudia Velázquez.

Por eso, cuando aparece el dinero como factor de incidencia, el sistema entero se contamina. Ya no se trata solamente de un delito. Se trata de una ruptura de confianza. Porque si la pobreza de una madre puede ser interpretada como oportunidad, si el deseo de una familia puede acelerarse por influencia, si la vulnerabilidad de un niño puede quedar atrapada en relaciones de poder, entonces la adopción deja de ser una respuesta jurídica y humana para convertirse en un terreno de privilegios.

La frase que trascendió públicamente, vinculada a la búsqueda de mujeres embarazadas o niños en situación de vulnerabilidad, impacta por su brutalidad simbólica. Una mujer embarazada no es una “panza”. Es una persona con dignidad, historia, angustias y derechos. Un bebé no es una posibilidad disponible. No es una promesa de entrega. No es una solución para adultos que esperan. Es un sujeto de derecho que exige del Estado la máxima protección.

Este caso debe ser leído en clave institucional. La Argentina discute a diario sobre seguridad jurídica, confianza pública, transparencia y calidad democrática. Pero esos conceptos no pueden limitarse al mundo de las inversiones, los contratos o la macroeconomía. También hay seguridad jurídica cuando una madre vulnerable sabe que el Estado no la va a usar. También hay confianza pública cuando una familia adoptante sabe que no necesita contactos para acceder a un proceso justo. También hay transparencia cuando un niño no queda sometido a discrecionalidades, favores o privilegios.

La corrupción judicial no solo daña expedientes. Daña previsibilidad institucional. Daña igualdad ante la ley. Daña la credibilidad del Estado. Y cuando esa corrupción toca procesos de familia, el daño es todavía más profundo, porque impacta sobre personas que se encuentran en una posición estructuralmente vulnerable.

En materia de adopción, la desigualdad económica debe estar completamente fuera de la decisión judicial. Ninguna familia puede estar más cerca de un niño por tener mayor capacidad económica, vínculos sociales o acceso a determinadas redes. La idoneidad adoptiva no se mide por poder adquisitivo, sino por aptitud afectiva, responsabilidad, estabilidad, compromiso y respeto por la historia del niño.

Cuestionar adopciones irregulares no implica cuestionar la adopción. Por el contrario: implica defenderla. Defender la adopción legal, transparente y centrada en el niño. Defender a las familias que esperan dentro de la ley. Defender a los equipos técnicos que trabajan con seriedad. Defender a los registros de aspirantes. Defender a las madres en situación de vulnerabilidad. Defender, sobre todo, a los niños, que nunca pueden ser tratados como objetos de disponibilidad.

La condena penal podrá cerrar una etapa procesal, pero no debería cerrar el debate público. La pregunta que queda pendiente es más amplia: ¿qué controles fallaron? ¿Qué señales internas fueron ignoradas? ¿Cómo se supervisa realmente a los juzgados de familia? ¿Qué canales tienen los empleados judiciales, los equipos interdisciplinarios o los propios ciudadanos para denunciar irregularidades sin temor? ¿Cómo se garantiza que los procesos de adopción no sean capturados por lógicas de poder?

El derecho de familia exige una ética superior. No alcanza con conocer normas. Se necesita sensibilidad, prudencia, independencia y conciencia del daño que puede provocar una mala decisión. Un juez de familia tiene una cuota de poder inmensa sobre personas que atraviesan momentos límite. Ese poder debe estar rodeado de controles, transparencia y rendición de cuentas.

Este caso también expone una deuda estructural: la necesidad de fortalecer el acompañamiento estatal a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Muchas veces, el problema no empieza en el juzgado, sino mucho antes. Empieza en la pobreza, en la falta de redes, en la ausencia de políticas públicas, en la soledad de una mujer que no encuentra respuestas. Donde el Estado no llega con asistencia, otros pueden llegar con promesas, presión o dinero.

La infancia no puede depender de la suerte. La maternidad vulnerable no puede quedar librada a la discrecionalidad. La adopción no puede funcionar bajo sospecha. Y la Justicia no puede permitir que su autoridad sea utilizada para legitimar desigualdades.

En un país donde la confianza en las instituciones se encuentra permanentemente en crisis, este caso debería ser una alarma. No solo para el Poder Judicial, sino para toda la dirigencia. Porque la calidad institucional no se mide únicamente por grandes reformas, discursos o estadísticas. También se mide en esos expedientes silenciosos donde se decide si un niño será protegido o utilizado.

La condena a una exjueza de familia deja una enseñanza severa: cuando el dinero ingresa en una decisión sobre infancia, la Justicia deja de ser garantía y se transforma en riesgo. Y cuando el sistema llega tarde, muchas veces el daño ya es irreversible.

La adopción legal puede reparar historias. La adopción irregular puede destruirlas para siempre.

Esa diferencia debe ser una línea roja para el Estado, para la Justicia y para la sociedad.