El Ejército de Brasil hará allanamientos colectivos en su intervención en Río

El Gobierno pedirá autorización judicial para que los procedimientos se realicen en favelas enteras en vez de en los domicilios particulares de los delincuentes. La Defensoría Pública estadual denunció que es inconstitucional.

POLÉMICA. La Defensoría Pública de Río y ONG advirtieron que los allanamientos colectivos violan los derechos individuales.

Brasilia - El presidente de Brasil, Michel Temer, como interventor de Río de Janeiro, solicitará a los jueces que los pedidos de captura y allanamientos sean "colectivos", es decir, que tengan en cuenta no sólo domicilios particulares, sino barrios o favelas, para ampliar el radio de acción del Ejército.

Así lo confirmó ayer el ministro de Defensa, Raul Jungmann, una posición que inmediatamente fue criticada por la Defensoría Pública de Río, una institución que vela por el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos.

Las fuerzas armadas están a cargo, desde la semana pasada, de la seguridad del estado de Río de Janeiro tras la publicación de un decreto presidencial que aún debe ser aprobado por el Congreso. Al cierre de esta edición se esperaba el voto en la Cámara de Diputados y hoy votará el Senado. En ambas cámaras se daba por descontado un apoyo mayoritario al texto.

En declaraciones a periodistas en Brasilia, Jungmann explicó que "en la realidad urbanística de Río, uno sale muchas veces con una orden de búsqueda y captura en una casa, en una comunidad [término que designa una favela] y el bandido se desplaza. Entonces se precisa de algo como una orden de búsqueda y captura colectiva".

"En lugar de decir, por ejemplo: 'tal calle, número tanto', vamos a decir: 'una calle entera, una zona, un barrio'. En aquel lugar es posible tener una orden de búsqueda y captura con todos las procedimientos legales", afirmó.

Jungmann alegó que ese procedimiento "fue usado en otras ocasiones" y aseguró que no se trata de dar "carta blanca" a los militares, dado que estos siempre actuarán bajo "orden judicial" y con la "máxima transparencia".

La Defensoría estadual emitió un comunicado en el que "reiteró su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, especialmente en la parcela más pobre de la población y de los habitantes de las favelas".

"El combate al crimen no autoriza la práctica, por parte del Estado, de violaciones de los derechos individuales, como prisiones sin orden judicial o en flagrante, invasiones de domicilio o las ya anunciadas órdenes colectivas de búsqueda y captura, medidas sin respaldo constitucional, que penalizan solamente a la población más pobre", señaló el defensor público de Río, André Castro.

Desde el viernes pasado todas las fuerzas policiales pasaron bajo las órdenes del interventor, el general Walter Souza Braga Netto, subordinado directamente a Temer y no a las autoridades estaduales.

El mandatario se reunió ayer con el Consejo de la República -creado para asesorar al presidente en episodios de crisis- y el Consejo de Defensa Nacional, que incluye a altos mandos del Ejército, así como con miembros de su Gobierno y legisladores para mostrar el apoyo que tiene la militarización de la seguridad pública en Río.

Para el líder de la minoría en la Cámara de Diputados, José Guimarães (Partido de los Trabajadores), sin embargo, el Gobierno da "palos de ciego" con un decreto que puede tener consecuencias para la sociedad y para las Fuerzas Armadas.

El Gobierno, no obstante, no descarta extender el modelo intervencionista a otros estados, según dejó saber ayer el secretario general de la Presidencia, Wellington Moreira Franco.

"Creo que es un paso más en el camino hacia la restauración de la seguridad, el orden. Se está movilizando la conciencia para que esta metodología se extienda por todo Brasil", dijo.

La intervención, que se produce en un año electoral y con un presidente desgastado por la falta de apoyos para aprobar la reforma de las pensiones (ver aparte), fue severamente cuestionada por organizaciones humanitarias y grupos civiles que trabajan en las favelas.

Ayer, en tanto, el Gobierno retiró de su cargo a la ministra de Derechos Humanos, Luislinda Valois, ya que la cartera perderá rango ministerial y pasará a ser una secretaría del Ministerio de Justicia.

Agencias AFP y EFE, y Ámbito Financiero