Maduro, cuya gestión reprueban siete de cada diez venezolanos, según la firma Venebarómetro, dispuso el sábado la intervención de las plantas paradas y encarcelar a los empresarios que, según él, intentan desestabilizar así al Gobierno, en la primera medida bajo el estado de excepción que regirá por tres meses y que, dijo, será prorrogado sucesivamente hasta 2017.
Los empresarios venezolanos aseguran trabajar al 43,8% de su capacidad instalada por deudas con proveedores internacionales, falta de insumos y un severo control de precios que afecta la estructura de costos. "Estamos hablando de un 25% de todo el parque industrial venezolano" que no cuenta con divisas para reactivar operaciones y podría ser afectado por la medida, advirtió ayer el diputado opositor y economista José Guerra.
Para el analista Benigno Alarcón, la toma de plantas sería una advertencia a los empresarios de la "suerte que correrían" si cesan operaciones. Pero detrás también estarían grupos económicos que apoyan al Gobierno y buscarían "quedarse con los activos" bajo la promesa de ponerlos a producir, añadió.
Maduro también ordenó realizar el próximo sábado ejercicios militares para afrontar lo que denunció como una amenaza externa -refiriéndose a Estados Unidos-, en la que justifica el estado de excepción.
Analistas consideran que el estado de excepción es parte de la estrategia del mandatario para evitar la realización, este año, de un referendo revocatorio que impulsa la oposición (ver página 14). "El Gobierno estaría jugando a montar el marco legal para liberar las manos de los militares y poder reprimir" un reclamo en las calles a favor del revocatorio, señaló Alarcón, recordando que estas medidas suelen restringir el derecho de protesta y autorizan detenciones preventivas sin orden judicial. Según una reciente encuesta de la firma Datanálisis, el 70% de los venezolanos apoya un cambio de Gobierno.
En lo que reconoció como una "bofetada", Maduro sufrió en diciembre una aplastante derrota cuando la oposición se hizo por primera vez con el control del Parlamento en 17 años de era chavista.
"La oposición sabe que la protesta es el único mecanismo para escalar la presión y el Gobierno necesita detener esa tendencia", añadió. "Maduro interpretó que la movilización de la gente en la calle va a obligar a la realización del referendo en 2016, así que desmovilizándola puede maniobrar para posponerlo hasta 2017", dijo por su lado la experta en temas de seguridad Rocío Sanmiguel.
| Agencia AFP |
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