18 de septiembre 2015 - 00:00

El FpV apeló ante la Cámara y se abre laberinto jurídico en Tucumán

El gobernador, José Alperovich, acompañado por su esposa, la senadora Beatriz Rojkés, descartó que los tiempos permitan volver a llamar a elecciones y abrió el camino hacia la vía de la intervención federal.
El gobernador, José Alperovich, acompañado por su esposa, la senadora Beatriz Rojkés, descartó que los tiempos permitan volver a llamar a elecciones y abrió el camino hacia la vía de la intervención federal.
Tucumán - El Frente para la Victoria (FpV) local y nacional se movilizó ayer para intentar, por las vías legales correspondientes, desactivar el polémico fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que anuló las elecciones generales provinciales del 23 de agosto último, que dieron como amplio ganador -según escrutinios provisorio y definitivo- al actual vicegobernador, el kirchnerista Juan Manzur por casi 12 puntos.

El exministro de Salud de la Nación venció al postulante del frente opositor Acuerdo para el Bicentenario (ApB), José Cano, quien llevó sus denuncias por irregularidades y fraude a esa Cámara que, con los votos de los jueces Salvador Ruiz -ya había dictaminado antes de esta decisión que la Junta Electoral Provincial (JEP) no se podía proclamar a ningún ganador- y Ebe López Piossek, quienes activaron un fallo riesgoso hacia la voluntad popular que votó en agosto último.

Ayer, los apoderados del justicialismo tucumano presentaron un recurso de casación para apelar el fallo. Si la Cámara avala el pedido, deberá girarlo a la Suprema Corte local, pero si lo rechaza, el PJ se presentará en queja ante el máximo tribunal de Justicia de Tucumán.

Por la mañana, el apoderado del FpV provincial, Marcelo Caponio, aseguró que "hay un resultado legítimo e irreversible" de los comicios, producto de "un escrutinio convalidado por los fiscales de los partidos y por la JEP que ha sido modificado en dos horas por dos irresponsables", en referencia a Ruiz y López Piossek.

Caponio manifestó que también se presentará un recurso de "per saltum" para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que se expida en relación con validez de los comicios. No obstante, el tribunal que lidera Ricardo Lorenzetti no estaría dispuesto a tomar cartas en el asunto y devolvería el expediente a Tucumán.

Además, el apoderado del FpV de Tucumán anticipó que "el peronismo no sólo va a defender el resultado de los comicios y la voluntad popular mediante presentaciones judiciales", sino también "en la calle". De hecho el justicialismo realizó diversas movilizaciones durante la jornada de ayer.

El camino en la Suprema Corte local también será un laberinto de presentaciones, ya que la oposición podrá recusar a integrantes del organismo y frenar así una decisión que podría revalidar los comicios, considerando la debilidad de los argumentos de Ruiz y López Piossek.

La dilación del proceso llevaría a una inevitable intervención federal, algo que circuló con mayor fuerza en las últimas horas. Sobre esto entró en danza el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, como una posible figura a designar para esa tarea.

En esa línea, el mandatario local, José Alperovich destacó: "Para llamar a una nueva elección hacen falta por lo menos 90 días, porque hay que llamar a las personas de todos los partidos políticos, a los legisladores, y el día 28 de octubre en Tucumán yo dejo de ser gobernador, los legisladores, los intendentes, los delegados comunales, los concejales dejan de serlo. Y yo no puedo cumplir porque no dan los plazos para llamar a nuevas elecciones. Es imposible el cumplimiento del fallo de la Cámara. ¿Puede haber una provincia sin legisladores, sin intendentes, sin delegados, sin gobernador?".

Manzur, en tanto, viajó al mediodía a Buenos Aires y mantuvo un encuentro con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini (candidato a vicepresidente) en su despacho de la Casa Rosada para analizar la estrategia a seguir.

En el polémico fallo que emitieron López Piossek y Ruiz, se argumenta la decisión "en el contexto de una elección marcada por episodios violentos en diversas localidades del interior, que decantaron en acciones que van desde intimaciones, agresiones y daños materiales, a sustracción y quema de urnas y disparos de armas de fuego; se estructuró y aceitó un complejo y enorme aparato clientelar a la vista de toda la ciudadanía, documentado por los más diversos medios de difusión, por veedores foráneos (observadores de la UNLP) e incluso -lo que es altamente significativo-, por las propios participantes de la contienda electoral".

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