El G-6 define estrategia por Ley de Abastecimiento: diplomacia o 125

• Las seis cámaras, más AEA, se reúnen para definir posición común.• Productores, en alerta.

Augusto Costa

El Grupo de los Seis (G-6), la unión de las principales cámaras industriales y financieras del país, intentará abrir una instancia negociadora para modificar radicalmente los alcances de la Ley de Abastecimiento que el Gobierno comenzará a tratar hoy en el Congreso (ver nota en pág. 11). Los empresarios esperan que bajo el debate legislativo se consigan las modificaciones estructurales deseadas y que consideran imprescindibles, pero siempre bajo un matiz diplomático que no aparezca bajo los ojos oficiales como la búsqueda del agravamiento de un conflicto. Pero luego, si el proyecto avanza hacia el recinto tal como fue redactado por el Congreso, las seis entidades que forman el grupo comenzarán a tomar el tema como una batalla en un in crescendo, y no descartan que el proyecto se convierta en una nueva "125". Esto es, una nueva batalla económico- política entre el Gobierno y un sector empresario similar a la que en 2008 mantuvieron el kirchnerismo y el campo por la intención de aplicar retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, conflicto que terminó con el voto "no positivo" de Julio Cobos en el Senado.

Al menos ésta es la intención de gran parte de los empresarios, que aseguran que la única manera de enfrentar un avance concreto con posibilidades ciertas de aprobación legislativa de la nueva Ley de Abastecimiento necesitará de la unión fuerte y consolidada de todo el espectro empresario. Se sabe también que desde el Gobierno tampoco habrá tregua, y que el proyecto se defenderá hasta las últimas consecuencias, salvo negociación previa. La avanzada en este sentido la dio el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que dijo directamente que la negativa de los empresarios a aceptar el proyecto se debe a que las cámaras representan a las "corporaciones" que el Gobierno debe enfrentar. Igualmente, entre los empresarios y el Gobierno aún hay fuertes líneas de contacto para que se mantengan puentes de diálogo antes que el conflicto llegue a un nivel de máximo volumen.

La estrategia empresaria será discutida hoy en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), por la entidad que dirige Héctor Méndez, junto con el resto de los integrantes del G-6: la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara de Comercio (CAC), la Sociedad Rural (SRA), la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Construcción (CAC) y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA). AEA, que agrupa a las principales empresas del país y tiene un histórico y crónico enfrentamiento con el kirchnerismo, no forma parte formalmente del G-6, pero fue invitada particularmente por Méndez para que se integre a la causa.

Los empresarios más combativos del bloque lo integran los fabricantes de alimentos, bebidas y artículos de consumo masivo, que desde enero pasado vienen advirtiendo sobre los avances del Gobierno en la intención de controlar las líneas de producción, distribución y comercialización de los bienes de gran demanda en el país. En su mayoría integran la Coordinadora COPAL, que maneja Daniel Funes de Rioja, y también fueron calificados como parte de las "corporaciones" por parte de Capitanich. Empresas como Procter & Gamble, Pepsico, Molinos, La Serenísima, SanCor, Unilever, Milkaut, Arcor, Mondelez, Quickfood, Nestlé, Alicorp, Danone, Johnson & Son, Menoyo, Bimbo, Paladini, Colgate, Celulosa, Ledesma, Las Marías y La Virginia integran el grupo de compañías que desde comienzo de año ingresaron en el régimen diseñado por el equipo del secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, en el ámbito de los acuerdos de precios para controlar la inflación. También están dentro del sistema las grandes cadenas de súper e hipermercados: Carrefour, Cencosud (Jumbo y Disco), Walmart, Coto y La Anónima.

Estas empresas, y todas las que tienen ventas anuales por más de 183 millones de pesos (productoras) o de 250 millones de pesos anuales (comercializadoras de insumos o bienes finales) tienen desde marzo un sistema reglamentado a través de la Disposición N° 6/ 2014 por el cual deben cumplir con un Régimen Informativo de Precios que fiscaliza Costa y que tiene como fundamento, según la redacción de la norma, "contar con una herramienta sencilla y transparente para el conocimiento de los principales precios". El funcionario que regula el régimen es el subsecretario de Comercio Interior, Ariel Langer, que manejará el sistema informático (un Excel) donde se vuelca toda la información que las empresas envían a esa repartición sobre toda la cadena de producción, distribución y comercialización de todos los sectores de alto volumen de ventas en todo el país. Se llama Sistema Informático del Régimen Informativo de Precios (SIRIP) y hacia allí tendrán que enviar sus datos las principales empresas del país que se dediquen a comercializar alimentos, bebidas, productos de limpieza, consumo masivo, etcétera.

Las empresas envían al sistema informático datos sobre sus marcas, presentaciones, especificaciones principales, canales de distribución, unidades vendidas mensualmente, ventas mensuales en pesos sin IVA, precio de lista por producto, mercado total en unidades y pesos por año y la participación en el mercado en unidades y pesos por año. También los principales productos competidores en cada línea de productos, margen bruto por línea de producto, condiciones de venta, descuentos, capacidad instalada para producir cada producto, ampliaciones de la capacidad instalada proyectada por línea de producto para los próximos dos años, estados contables de los últimos cinco años, costos en pesos de los cinco rubros con mayor incidencia en el costo de producción y en el costo de comercialización de cada línea de productos. En todos estos casos, los datos deben abarcar el período desde enero de 2009 hasta el presente y enviarse de manera semestral.

Las empresas también tendrán que enviar los datos sobre los cinco rubros con mayor incidencia de producción en cada compañía y en cada planta de la empresa y los cinco insumos más incidentes para la producción de cada bien. También los canales de distribución para cada compañía y los lugares preferenciales de ventas. Con esto, según la Secretaría de Comercio Interior, el Ministerio de Economía que maneja Axel Kicillof puede tener un mapa total de los costos de producción de todas las principales empresas del país de todos los rubros que influyen en "el consumo popular", para luego verificar (dentro de un tiempo, no ahora) si se justifica realmente el pedido de un aumento de precios. En este régimen ingresan además tanto los algo más de 200 productos que integran los listados de Precios Cuidados, como los más de 20.000 bienes que son comercializados en los principales súper e hipermercados del país. La notificación que en su momento se les había enviado a unas 31 primeras empresas que ingresaron en el régimen terminaba con una firma del vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Competencia con un mensaje previo con la leyenda: "Queda Usted Debidamente Notificado".

La sospecha de Costa, es que a través de los datos de este SIRIP, y con la nueva ley reglamentada, el funcionario pueda avanzar sobre las decisiones de inversión, producción, distribución y comercialización de las compañías que le deben enviar los datos al ministerio de Economía; para obligar a la empresa a múltiples decisiones a las que estarían obligadas por la ley a obedecer, incluso a pérdida; bajo pena de multas que podrían incluso superar las propias facturaciones. La intención de la COPAL y el resto de los empresarios que estarían alcanzados por la nueva norma, es alertar al resto de las cámaras a que una regulación de este tipo, de comenzar a ser aplicada para un rubro como alimentos o bebidas, luego sería la cabeza de plaza para avanzar sobre el resto de los sectores industriales de producción de bienes; inclusive la industria automotriz, construcción, comercio y hasta la actividad financiera y bancaria.