El Gobierno ahora quiere medir el rating de la TV

• El anuncio se hizo durante un acuerdo con la AFIP para cruzar datos

Jorge Capitanich

El Estado anunció ayer su intención de lanzar una medidora de rating propio, que en la práctica se sumará a los dos sistemas privados que existen en la Argentina, Ibope y Aresco. El anuncio fue realizado ayer por el gobernador del Chaco Jorge Capitanich, miembro también de la AFSCA (ex Comfer, autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), mientras firmaba un convenio con la AFIP por el cual se le otorgará a AFSCA un software que facilitará el acceso al padrón de contribuyentes, a los fines de mejorar la fiscalización, control y verificación del gravamen de la Ley de Medios Audiovisuales.

El anuncio resultó sorprendente, en principio porque no se sabe aún de qué forma funcionará esa nueva medidora estatal ni quién la financiará (los ratings privados son sostenidos mayoritariamente por canales de televisión y radios, los mayores abonados a estos servicios), y de qué forma escapará a las críticas que al Estado, en especial a través del Indec, suelen disparársele cuando de medición de números se trata. En cuanto a los fines, Capitanich sostuvo que «es muy importante porque en la Argentina no existe. Va a dar confiabilidad no sólo a las mediciones sino a la asignación de recursos para cualquier anunciante».

El convenio con la AFIP fue iniciativa del propio Capitay de la firma del acuerdo participaron, además el presidente de la AFSCA, Gabriel Mariotto, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, entre otros funcionarios.

Capitanich explicó: «Prevemos de un modo colateral con la misma AFIP tener un sistema de medición de rating para radio y televisión extendido a todo el país, lo cual nos va a permitir un marco regulatorio adecuado para el tema publicidad, espectro radioeléctrico y uso del mismo. Esto es la instrumentación de un régimen informativo de la AFIP utilizando toda la capacidad instalada de su soporte informático. El objetivo es que todo operador del espectro de frecuencia, sea de TV abierta, por cables, o por radio, pueda hacer su declaración jurada vía Internet. De este modo se habilita el cruzamiento de datos y el proceso de regularización en el otorgamiento de frecuencias de distinta naturaleza».

Se prevé que AFIP aporte a AFSCA la declaración jurada de canales abiertos, cables y radios, lo que permitirá identificar la ubicación de la antena, la razón social y el alcance estimado por el canal. Esto automáticamente ordena la oferta y la demanda con respecto al uso del espectro radioeléctrico en cada una de las localidades. Y consiguientemente con el cruzamiento de la base de datos, se da la aplicación de la Ley de Medios.

Los sistemas vigentes son Ibope, empresa brasileña que opera en el país desde 1999 y cuenta con 810 people meters en Capital y GBA, además de los medidores en Mendoza, Rosario y Córdoba, entre otras ciudades importantes. La otra que entró en vigencia este año pero que hace un lustro viene probando su sistema es Aresco, de Julio Aurelio, con 3.800 encuestados.

El método de ambos difiere: Ibope recurre a los conocidos y polémicos people meters (cajas similares a los decodificadores, que registran de manera automática la programación que el usuario consume) mientras Aresco utiliza la encuesta telefónica automática. Se trata de un software que llama a cada hogar de manera aleatoria para que el público responda preguntas mediante la pulsación del teclado. El método estatal estará basado en los datos que aporte la AFIP pero aún no queda claro cómo medirá cuánto público mira o escucha determinado programa.

Capitanich concluyó: «Esto nos va a permitir maximizar la recaudación en concepto percepción de ingresos derivadas de las tasas de uso. Esto implica que el organismo ex COMFER recaudaba $400 millones mientras la meta de recaudación es el triple: $1.200 millones. También se fortalecerán todas las radios del interior y la TV digital, por ejemplo, para que llegue a todos. Además se regularizará el espectro, en seis y ocho meses, en tanto y en cuanto se cumpla. Además, se actualiza el sistema de transferencia de las licencias, la renovación automática y la posibilidad de apertura de concursos para universidades y ONG que prevé la Ley».