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El Gobierno no avalará deuda en provincias
La explicación oficial que llega desde el Ministerio de Economía que maneja Hernán Lorenzino es que no se puede avalar que provincias ubiquen deuda en el mercado internacional convalidando tasas de interés que superen el 10%. «Nos cuesta mucho mantener nuestra estabilidad fiscal y ser creíbles ante el mundo que no vamos a dejar de aplicar la política de desendeudamiento, para después terminar avalando una irresponsabilidad de gobernadores que no saben administrar». La reflexión parte de un alto funcionario de Economía, uno de los encargados de contestar por la negativa, o directamente cajonear los pedidos de endeudamientos provinciales. La orden a la Secretaría de Finanzas de Adrián Cosentino es que no haya ni siquiera apertura ante el mundo financiero internacional de intenciones de colocación de deudas en divisas, incluyendo la Nación y las provincias y, obviamente, la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo cajón descansa también hasta nuevo aviso la reanudación de las negociaciones con el Club de París para cancelar la deuda de u$s 6.750 millones, sin contabilizar intereses.
Desde las gobernaciones la posición es, obviamente, diferente y política. Se habla, por ejemplo desde la Córdoba de José Manuel de la Sota, abiertamente, o la Buenos Aires de Daniel Scioli, con más prudencia, de que la intención de la Nación es que los gobernadores sólo tengan disponibilidad corriente de pesos fruto de la coparticipación o de ingresos propios; y que no haya dinero disponible para obras públicas. Los más combativos incluso hablan de una intencionalidad política desde Olivos para que los gobernadores no puedan durante 2013 inaugurar proyectos electoralmente atractivos, y que dependan exclusivamente de los giros nacionales para terminar las obras que potencialmente acerquen electores.
Propósito
En la línea de provincias que tienen la intención de colocar deuda se ubican Neuquén, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Chubut y Corrientes. Estas gobernaciones, más otras que no hicieron pública su intención, buscan captar fondos en pesos, pero en títulos atados a la evolución del tipo de cambio. Así como la Nación tiene que avalar las colocaciones en dólares, también tiene que dar el consentimiento para que este tipo de títulos puedan ser emitidos, ya que están atados a la suerte de la demanda de divisas. Es lo que se exige desde la Ley de Responsabilidad Fiscal (N° 25.917), firmada en 2005 y a la que sólo no adhirieron San Luis y La Pampa. A través de esta normativa, los goberna-dores deben contar con el aval del Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino para poder acceder a los mercados de financiamiento emitiendo bonos.
Algo afortunada fue la Capital Federal. El ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, colocó en el primer semestre unos u$s 415 millones para obras públicas porteñas (subtes), a una tasa de interés del 9,95% anual. Si Mauricio Macri tuviera que ir ahora a reclamar la firma de la Nación para emitir esta deuda, se abriría un nuevo capítulo más en la disputa ciega entre el kirchnerismo y el Gobierno porteño.
Carlos Burgueño


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