El Gobierno no enviará a la Gendarmería a liberar ruta

Por ahora y pese a la decisión de la Justicia el paso seguirá bloqueado.

El juez federal de Concepción del Uruguay Gustavo Pimentel confirmó ayer que se debe «garantizar el libre tránsito» en el puente que une las localidades de Gualeguaychú y Fray Bentos, pero señaló que es atribución del Gobierno (se trata de una ruta nacional y de un paso internacional) liberar el ingreso al puente General San Martín, bloqueado por ambientalistas desde 2006 en rechazo a la pastera de Botnia.

Sin embargo, anoche desde la Casa Rosada ratificaron que no habrá un desalojo por la fuerza y que, en cambio, se iniciará un proceso judicial a cada uno de los ambientalistas que no acate la decisión de la Justicia.

La postura del Gobierno ya había sido anticipada más temprano por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández: «Si la Justicia ordena el desalojo, habrá que ir viendo la forma de resolverlo, pero no es la vocación de este Gobierno utilizar la fuerza para lastimar a nadie», afirmó.

De esta manera, el Gobierno nacional vuelve a ganar tiempo y evita confrontar el costo político que podría representar liberar el puente mediante la acción de la Gendarmería Nacional. Es decir que, al menos en lo inmediato, el puente de Gualeguaychú seguirá cerrado, ya que los ambientalistas están dispuestos a resistir cualquier decisión de la Justicia.

En su extensa argumentación, el juez subrogante Pimentel remarcó que existe una «orden judicial previa» del juez Guillermo Quadrini, que dispuso arbitrar los medios necesarios para garantizar «la normal circulación de vehículos que transiten por las rutas nacionales de jurisdicción de aquel juzgado y la totalidad de los pasos fronterizos con Uruguay, y para velar por la seguridad de los manifestantes y de las personas que quieran utilizar las rutas y los pasos fronterizos».

El juzgado «supeditó el cumplimiento de dichas mandas y su modalidad operativa a las instrucciones que recibió la fuerza preventora del ministro del Interior».

«Con este cuadro de situación, cabrá nuevamente acordarle razón al Ministerio Público, en orden a que desde un inicio de los cortes de los puentes internacionales se ha propendido a garantizar el derecho constitucional de libre tránsito, restando únicamente que el Ministro del Interior del que depende la fuerza federal emita la orden de cumplir el mandato judicial», dijo el magistrado al avalar el pronunciamiento de la fiscal María de los Milagros Squivo.

Agregó que, si bien a la fecha no se han materializado las mandas, «ello no les quitó vigencia, pues expresamente y dada la especial conflictividad existente, se dejó librado a un criterio de oportunidad su instrumentalización».

Cristina de Kirchner había asegurado la semana pasada tras reunirse con el jefe de Estado uruguayo, José Mujica, que era resorte de la Justicia el fin del corte de ruta.

El fin de semana, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, consideró que es «insostenible» el bloqueo después de que el Gobierno advirtió días atrás que «si la Justicia actuara en consecuencia», se podría levantar el corte del puente internacional General San Martín.