El Gobierno suma otra intervención: TGN

El Gobierno dispuso ayer la intervención por 120 días de Transportadora de Gas del Norte (TGN), a través de una resolución del Enargas. La medida no afectaría el gerenciamiento operativo de la empresa, que seguirá ejerciéndolo Tecgas, del grupo Techint.
La decisión oficial se fundamenta en la declaración de «default» anunciada por la empresa la semana pasada para obligaciones negociables por u$s 22,1 millones que vencían mañana, y el anticipo de que espera volver a reestructurar sus pasivos que ascienden en total a u$s 345 millones. Con esa decisión, TGN se convirtió en la primera empresa en declararse en imposibilidad de pagar desde 2003.
Se interpreta que también hay un mensaje del Gobierno a otras empresas de servicios públicos o no, que por las circunstancias económicas de los próximos meses, también podrían posponer el pago de sus deudas. La índole del mensaje parece ser que no se dejará a cualquiera no pagar bonos (como en el caso de TGN, $ 40 millones en obligaciones tomadas por las AFJP y ahora heredadas por la ANSES). Dicho de otra forma, por lo menos se examinaría exhaustivamente cada caso que se presente.
La intervención de la empresa, que quedará a cargo de Roberto Darío Pons, fue anunciada ayer al mediodía por el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien dijo que el interventor no sustituirá al directorio, sino que tendrá la función de «coadministrar» con él.
A última hora de anoche, TGN dijo que «analizará los alcances de la resolución y se expresará oportunamente»; se presume que no apelará en la Justicia. Según una versión confiable, la empresa tuvo una reunión con el Gobierno a la media tarde de ayer, y habría quedado acordado que como mínimo el interventor seguirá paso a paso la nueva reestructuración de pasivos de TGN. El rumor también indica que los empresarios habrían pedido algún apoyo del Gobierno en ese trámite, que no se sabe cómo se traducirá.
TGN también indicó que «no comparte ciertos considerandos, especialmente aquellos que se refieren a una supuesta incapacidad de la gestión operativa de la empresa y la prestación del servicio público».
Auditoría
Según De Vido, se realizará «una auditoría societaria integral» para «inspeccionar y fiscalizar especialmente que las condiciones de prestación del servicio público de gas natural sean seguras y confiables; y que los derechos de los usuarios y los consumidores no se vean afectados».
El ministro afirmó que la intervención se fundamenta en la «situación de endeudamiento recientemente informada por la licenciataria a las autoridades del Mercado de Valores». También destacó que «es vital y fundamental que las empresas de servicios públicos tengan la sanidad financiera correspondiente, y que bajo ningún aspecto esas condiciones financieras vayan en desmedro de la calidad del servicio, y mucho menos del mantenimiento de la infraestructura, que es de todos los argentinos, no es propiedad de la empresa».
Aunque en tono cauteloso, De Vido no descartó que la compañía de gas pase a manos del Estado. Dijo: «Si vemos que la empresa está en situación cierta de default por problemas de administración, vamos a tener que tomar control de la empresa, porque no podemos dejar que entre en situación de default operativo que afecte a los usuarios».
Según TGN, «no existe ninguna razón que permita generar dudas sobre la prestación regular del servicio». También reiteró que las razones que la obligaron a postergar vencimientos financieros derivan de «el efecto de depreciación del peso sobre las tarifas domésticas que permanecen fijas, la caída en los ingresos por la suspensión de transporte de exportación, y el incremento de los costos en pesos y dólares».
Asimismo, sostuvo que la postergación del pago obedeció a la necesidad de «asegurar la prestación confiable del servicio, preservar el principio de la empresa en marcha, y asegurar la igualdad en el trato a todos los acreedores financieros».
En los considerandos de la resolución del Enargas que lleva el número I/587, se indica que «la declaración de default es mucho más peligrosa para la continuación del servicio publico que un pedido de concurso preventivo,», porque «el incumplimiento de las obligaciones puede llevarlo a no poder cumplir con el servicio».
La intervención a una empresa de gas no está contemplada en la ley de marco regulatorio de la actividad. Si una compañía se declara en quiebra o se la pide algún acreedor, inmediatamente el Estado debe dar por rescindido el contrato. Pero el no pago de una obligación no implica entrar en quiebra.
Por eso, la resolución del Enargas dispone una medida cautelar que, según el texto, «debe ser provisoria y transitoria, y constituye una medida excepcional».
El único antecedente de una acción parecida se produjo en el invierno de 2007, cuando el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, dispuso intervenir Metrogas. La intervención, en ese caso, no tomó forma legal y fue descartada luego de que los accionistas aceptaron desplazar transitoriamente al presidente de la compañía. No obstante, durante varias semanas, técnicos de Moreno estuvieron dentro de Metrogas, controlando la operatoria diaria.