La normativa, que actúa de forma retroactiva, es un obstáculo para la solución de los dos Estados, consideran expertos. El fiscal general evaluó que la medida es inconstitucional.
ESCALADA. Israel bombardeó ayer bases del movimiento terrorista Hamás en la Franja de Gaza, después de un ataque con misil lanzado desde el territorio palestino que impactó cerca de la ciudad costera de Ascalón, informó ayer el Ejército israelí. De acuerdo con la versión militar, soldados israelíes también fueron atacados con disparos desde la parte sur de la Franja.
Jerusalén - El parlamento israelí aprobó ayer una controvertida ley que legaliza decenas de colonias construidas en territorios privados en Cisjordania ocupada, luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu notificara que había informado a la administración estadounidense sobre el asunto.
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La Organización de Liberación Palestina (OLP) reaccionó en un comunicado e indicó que la nueva ley significa "legalizar el robo" de la tierra palestina" y que "el Gobierno israelí quiere destruir cualquier posibilidad de solución política" del conflicto.
La aprobación de la ley que permite a Israel apropiarse de cientos de hectáreas de tierras palestinas en Cisjordania ocupada se dio pese a la preocupación mostrada por la ONU e incluso por la administración Donald Trump. La ley, advierten los detractores, supondría un paso más hacia la anexión, al menos parcial, de Cisjordania, algo que reclaman abiertamente algunos ministros, como el titular de Educación, Naftali Bennett, líder del partido Hogar Judío, ardiente defensor de los colonos.
Quienes apoyan el texto sostienen que permitiría a los colonos vivir sin el temor permanente a la expulsión cuando las organizaciones de izquierda interponen demandas ante la justicia israelí por la construcción en tierras privadas palestinas. Así les ocurrió la semana pasada a entre 200 y 300 habitantes de la colonia de Amona, declarada ilegal por el Tribunal Supremo israelí.
El lunes pasado Israel comenzó a desmantelar Amona, la colonia en Cisjordania que había estado en el centro de una batalla política y legal durante varios años. La mayoría de las construcciones de Amona eran prefabricadas. Máquinas topadoras y remolcadoras recuperaron las casas que podían llevarse y destruyeron otras.
Amona llevó a Netanyahu a prometer en compensación la creación de una nueva colonia, que sería la primera impulsada por el Gobierno en los últimos 25 años. Este caso cristalizó la problemática de la colonización en el momento crucial de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, considerado como más favorable a las posiciones israelíes que su antecesor Barack Obama. De hecho, desde que asumió el nuevo presidente estadounidense, el 20 de enero, Israel ya hizo cinco nuevos anuncios de colonización.
La ley implicaría la legalización de unas 3.800 viviendas israelíes en unas 53 colonias "salvajes" y otras reconocidas. En total serían expropiadas unas 800 hectáreas de tierras palestinas, según la oenegé La Paz Ahora.
La comunidad internacional también dio la voz de su alarma. El coordinador especial de la ONU para la paz, Nikolay Mladenov, mostró su inquietud ante un texto que podría "reducir enormemente las perspectivas de paz", a día de hoy inalcanzable.
En diciembre, el departamento de Estado estadounidense mostró sus reservas ante un "avance espectacular de la colonización, lo cual ya amenaza considerablemente las perspectivas de una solución de dos Estados".
La llegada de Trump a la Casa Blanca animó al Gobierno de Netanyahu a aprobar unas 6.000 nuevas viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas. Sin embargo, el jueves pasado salió de su silencio para frenar el entusiasmo del Gobierno israelí, alertando sobre el hecho de que la colonización "podría no ayudar a alcanzar la paz".
El primer ministro israelí trató de retrasar el debate de la ley para coordinarse con Washington, pero Bennett y Hogar Judío amenazaron con abandonar la coalición gubernamental si no se avanzaba en la propuesta.
En cualquier caso, el futuro del texto aprobado sigue siendo incierto: Adalah, oenegé pro-palestina, advirtió que recurrirá a la Corte Suprema israelí para paralizarla y el mismo fiscal general, Avichai Mandelblit, opina que podría ser anticonstitucional y expondría a Israel a acciones judiciales internacionales por crímenes de guerra.
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