Rousseff se reunió con líderes legislativos de su coalición, luego de que inesperadamente rechazaron un decreto presidencial que habría aumentado los impuestos sobre las nóminas de las empresas para reducir el creciente déficit presupuestario de Brasil. La iniciativa fue enviada nuevamente ayer por la mandataria, pero bajo la forma de proyecto de ley urgente.
En el encuentro no estuvo presente el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, quien según la prensa brasileña se molestó por la exclusión y exigió un reunión con la gobernante la cual transcurría al cierre de esta edición.
El líder del oficialista Partido de los Trabajadores en la Cámara baja, José Guimarães, informó ayer que las reuniones serán mensuales y que, a partir de ahora, el Gobierno escuchará más a los aliados antes de enviar los materiales al Congreso.
Según los participantes, Rousseff habló con "tranquilidad y humildad" y llamó a la unidad para la aprobación de las medidas de ajuste fiscal. Reconoció, además, la necesidad de estabilizar la relación con sus socios legislativos porque los problemas políticos están afectando a la economía.
La maniobra en el Congreso fue una de las señales más evidentes hasta ahora de cómo los daños colaterales del escándalo en Petrobras amenazan a la agenda económica de la mandataria y podrían además empeorar la recesión que se prevé para este año en Brasil.
El partido PMDB (centro), un aliado clave del Gobierno petista y que tendría a varios de sus miembros en la lista de sospechosos que el fiscal general, Rodrigo Janot, entregó al Supremo Tribunal Federal (STF) para que autorice su imputación, dio así claras señales de rebeldía.
La jugada estuvo liderada por el presidente del Senado, Renan Calheiros, quien devolvió el texto al Planalto (sede de Gobierno). Él y el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB, fueron señalados por la prensa brasileña a la cabeza de los políticos con fueros que serán investigados si el STF lo autoriza.
Ayer, fuentes presidenciales señalaron al diario O Globo que el Gobierno daba por descontado que la decisión de Calheiros no respondió a un intento de debilitar la coalición sino a tapar la revelación de su eventual investigación por participar en la trama de coimas y sobornos en Petrobras, calculada en 3.850 millones de dólares, que ocurrió casi en simultáneo con su rechazo al texto de Rousseff.
Con la presidenta debilitada políticamente -su popularidad cayó 19 puntos, al 23%, según el último sondeo Datafolha de febrero- y en medio de "una crisis económica, hay que ver cómo con ese grupo de 54 nombres, incluyendo los presidentes de la Cámara y el Senado, van a discutir una agenda compleja de ajuste fiscal" prioritaria para el Gobierno, dijo André César, analista político independiente en Brasilia. "El daño está hecho. Cuál será la escala de ese daño, depende del comportamiento del Gobierno. Deberá conversar semana a semana con el PMDB, incluirlos en la formulación de políticas estratégicas", añadió.
El PMDB es la primera fuerza política en el Senado y la segunda en la Cámara baja, apenas detrás del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
La medida legislativa de devolver el texto de ajuste fiscal al Ejecutivo fue aplaudida por la oposición, en momentos en que muchos brasileños llamaron en las redes sociales a protestar en todo el país el 15 de marzo para exigir la destitución de Rousseff. Pese a las ostensibles críticas a la forma en que viene gestionando la crisis, entre los legisladores aún no hay clima para dar ese paso, coincidieron ayer observadores.
| Agencias AFP y Reuters, y Ámbito Financiero |