El PRO dará libertad de conciencia

Después del fallo de la Corte sobre el aborto no punible, la oposición al macrismo reeditó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que marcará el protocolo para legalizar la interrupción del embarazo en los casos que señala el Código Penal. Hasta ahora, en cuatro años, el PRO frustró la votación de esa iniciativa, pero tras la decisión del máximo tribunal, la vicejefa porteña, María Eugenia Vidal, aseguró que no habrá una directiva, sino la libertad de conciencia para los macristas.

Aseguró que la regularización del aborto no punible se trataría en la Legislatura porteña y que en ese caso el PRO «no tomará una posición común», sino que dejará «en libertad de conciencia» a cada uno de sus diputados.

«El protocolo deberá ser discutido en la Legislatura de la Ciudad, pero el PRO no va a llevar una posición común sino que se dejará en libertad de conciencia a cada legislador», dijo Vidal tras la inauguración de un nuevo tomógrafo para el Hospital Fernández, acto del que participó junto a Mauricio Macri y el ministro de Salud, Jorge Lemuz.

Vidal agregó que «hasta tanto se apruebe el nuevo protocolo, la Ciudad seguirá rigiéndose por el actual, que define en qué casos y de qué manera se atiende» los casos en cuestión.

La Legislatura reflotará el debate con el nuevo proyecto de ley, que si bien es el mismo ya presentado en 2008 y 2010, en los fundamentos tiene incorporados párrafos del fallo de la Corte. La iniciativa, que firman legisladores del kirchnerismo, de la Coalición Cívica y otros bloques opositores al PRO, busca garantizar el acceso a los abortos no punibles contemplados en los incisos primero y segundo del artículo 86 del Código Penal y darle así un marco jurídico al distrito.

En la Ciudad existe un protocolo de procedimientos en los casos de interrupción de embarazo no punibles, que regula el Ministerio de Salud porteño, con una resolución de la gestión del exjefe porteño, Jorge Telerman.

La Corte, en un caso de embarazo de una mujer violada, entendió que la madre no era punible, ni requería autorización de la Justicia, en sintonía con el Código Penal, que establece que no es punible el aborto «si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente».