Además de la incidencia en las expectativas electorales de las dos aspirantes a suceder a Sebastián Piñera, la baja participación ensombrece la legitimidad del sistema político chileno, uno de los más consolidados de toda América Latina.
El pasado 17 de noviembre, por primera vez en la historia del país, los chilenos pudieron votar voluntariamente en unos comicios presidenciales y parlamentarios, sin tener que inscribirse antes en el registro electoral. Pero ese día, uno de cada dos ciudadanos prefirió quedarse en casa.
La participación del 49,3% (6,7 millones de personas), la más baja desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet, fue un balde agua fría para toda la clase política, que dos años antes había aprobado de forma unánime la reforma electoral. Las autoridades pensaban entonces que el voto voluntario atraería a un millón de electores más, pero lo cierto es que sucedió todo lo contrario.
Ahora, cuando faltan menos de dos semanas para la segunda vuelta, la representante de la coalición opositora Nueva Mayoría, la exmandataria Michelle Bachelet, aspira a ensanchar su espacio electoral con los votantes de las otras candidaturas progresistas que concurrieron el pasado día 17. En tanto, la aspirante oficialista, Evelyn Matthei, de Alianza por Chile, se afana por superar los casi 22 puntos que la separaron de su oponente en la primera vuelta.
A ambas les inquieta que la abstención el próximo 15 de diciembre supere incluso el 50,7% registrado hace dos semanas, porque siempre que en Chile ha habido segunda vuelta para decidir una elección presidencial, la participación ha sido menor. Y eso que antes el voto era obligatorio.
Ésta es una preocupación que comparte el propio Piñera, quien en la noche del día 17 dirigió un mensaje al país lamentando la elevada abstención, motivo por el cual el Gobierno estudia intensificar la campaña para que la ciudadanía tome conciencia de su deber cívico.
El temor que subyace es que cuanta menos gente acuda a las urnas el próximo 15 de diciembre, menor será la legitimación del proceso electoral y, en último término, del propio sistema político. En lo que coinciden los analistas es en que si el próximo 15 de diciembre los niveles de participación descienden aún más, es muy probable que los partidos se planteen la conveniencia de volver al voto obligatorio.
| Agencia EFE |
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