Embestida contra el juez Catania

Diputados del PRO pidieron ayer el juicio político del juez en lo penal económico Alejandro Catania, luego de que solicitara información sobre periodistas de varios diarios que escribieron sobre inflación. Federico Pinedo y Paula Bertol solicitaron ante el Consejo de la Magistratura la remoción del juez por «mal desempeño» en sus funciones.

El magistrado justificó la solicitud de esos datos ante la eventualidad de que decida citar a los periodistas como testigos en la causa impulsada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. «La decisión del juez Catania tiene como único objetivo intimidar a periodistas que tocan temas incómodos. El apriete a la prensa en un Estado democrático no se puede permitir», argumentó Pinedo tras la presentación, a través de un comunicado. Por su parte, Bertol remarcó que los diputados de la oposición van a «seguir difundiendo los índices de inflación mensualmente» y no van a «permitir que el Gobierno censure periodistas por sus opiniones o líneas editoriales. Se busca amedrentar a las consultoras, a los diputados y a los periodistas para que los únicos índices que se conozcan sean los oficiales».

Para el PRO, el juez «buscó vulnerar» los derechos de los periodistas, «incurriendo en la causal de mal desempeño que reviste por el tema en cuestión, gravedad institucional». «¿Qué buscaba el juez sonsacarles a los periodistas que hubieran cometido el pecado de hablar de un hecho económico público y notorio como lo es la inflación?», se preguntó el diputado en el escrito presentado ante el titular del Consejo de la Magistratura, Mario Fera.

A fines de la semana pasada, el juez Catania volvió a librar oficios a los periodistas de seis diarios en los cuales aclaró que su pedido cubre la eventualidad de quererlos citar como testigos en la investigación, no como imputados. El pedido que hizo Catania la semana pasada se basa en una inédita denuncia hecha por Moreno contra consultoras que difunden índices inflacionarios distintos de los que publica el INDEC por el posible delito de «agiotaje».