Perdida la batalla en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja que preside el diputado por la CGT Héctor Recalde, los dirigentes de las principales cámaras empresarias dedicarán esta semana a tratar de convencer a los líderes parlamentarios de la oposición de que la denominada «ley Moyano» tendrá efectos catastróficos sobre la economía.
Éste será el tema único que tratará el denominado Grupo de los Siete (G-7) cuando se reúna hoy en la sede de la Unión Industrial. Al encuentro -además del anfitrión Héctor Méndez- concurrirán Jorge Brito (ADEBA), Carlos Wagner (Cámara de la Construcción), Carlos de la Vega (Cámara de Comercio), Hugo Biolcati (Sociedad Rural) y Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio).
Allí se planteará la necesidad de pautar reuniones con los principales referentes de la oposición, muchos de los cuales (en especial, el vicepresidente radical Julio Cobos) se pronunciaron a favor de una norma que les daría a los trabajadores derecho a participar en hasta un 10% en las utilidades de las compañías en las que prestan servicios.
Según los dirigentes empresarios, no habría problemas en acceder a ese pedido. Lo que les preocupa es la «letra chica» de la ley.
Desde ya, lo que más les preocupa a los empresarios es la virtual congestión con los sindicatos que les otorgaría la ley escrita por Recalde y dictada por Hugo Moyano. En efecto, la norma les permite a los «representantes de los trabajadores» revisar la contabilidad de las empresas.
Esto tendría, según empresarios, dos efectos demoledores:
para controlar la veracidad de las utilidades declaradas, los sindicalistas exigen el derecho a que se les entreguen listas de proveedores, clientes, transportistas, precio al que compran sus insumos y a cuánto venden sus productos, etcétera. Se trataría de una violación a los más elementales criterios de confidencialidad a los que suelen apelar las empresas.
a la floreciente industria del juicio laboral se sumaría ahora la industria del juicio comercial: si los gremios no están de acuerdo con la contabilidad de una empresa, podrían demandarla ante los juzgados comerciales y bloquear con medidas cautelares cualquier distribución en efectivo. También alarma entre empresas la constante demostración de poder que está haciendo Moyano. «Hay que poner este proyecto de ley en el contexto general de lo que está haciendo Moyano hasta con el Gobierno de los Kirchner; los manejos arbitrarios y el estilo violento son más preocupantes que la iniciativa que impulsa Recalde», dijo otro dirigente de una de las cámaras que conforman el G-7.
Entre los empresarios circula la siguiente tesis, por estos días: los «gordos» están jubilados, y quienes forman las segundas líneas de los sindicatos que hoy se oponen a Moyano estarían más que contentos con la promesa que se les hace de recuperar el poder sindical de antaño. Si esto sucede, se angustian, el país va a vivir tiempos más que complicados.
Sergio Dattilo
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