En Chubut, FpV traba ley de reordenamiento

Mario Das Neves

 Chubut - Los diputados del Frente para la Victoria hicieron caer ayer, por falta de quórum, la sesión que tenía prevista la Legislatura provincial para tratar la denominada ley de "reordenamiento administrativo" que impulsa el gobernador peronista Mario Das Neves.

En concreto, la iniciativa es una continuidad de la emergencia económica sancionada por la integración anterior del Parlamento chubutense, que el 9 de diciembre pasado sancionó esa ley y que establece, entre otras cosas, la posibilidad de endeudamiento por hasta 650 millones de dólares.

Para esa época, la entonces oposición (dasnevismo) logró apoyos y sancionó la emergencia económica, luego vetada en las últimas horas de mandato por el exgobernador Martín Buzzi (FpV), y posteriormente reactivada por Das Neves una vez que asumió el poder provincial.

"La Ley de Emergencia Económica es un elemento fundamental que tiene que ver entre otras cosas con los sueldos, los salarios, las obras que están paralizadas (...) Tenemos problemas con los insumos, con los medicamentos, con el oxígeno, con la insulina. Es una vergüenza, que se dejen de joder porque tenemos que ser serios, hay miles de personas atrás que están esperando esto", expresó Das Neves tras la caída de la sesión por falta de quórum.

El mandatario dejó en claro su rechazo a "la decisión de unos pocos con poder, con un poder que es tan efímero que se les termina a la vuelta de la esquina -en referencia a los legisladores del FpV-, eso me molesta y mucho", y disparó: "Fueron los responsables de los diez mil millones de deuda que tiene la provincia".

Das Neves fue más allá y dijo que la situación le "produce más adrenalina", por lo que seguirá "dando pelea como corresponde", e insistió que "la sociedad sepa que hay 16 diputados (FpV) que cobran 160 mil pesos y no trabajan".

En esa línea, el vicegobernador y titular del Parlamento chubutense, Mariano Arcioni, adelantó que suspenderán los gastos de bloque, equivalentes a una erogación mensual de 700 mil pesos; los aportes institucionales, que implican un gasto anual de 3.800.000 pesos; y el aporte para pasajes aéreos, que le significan al Estado un desembolso de tres millones de pesos por año, para ahorrar cerca de 15 millones de pesos en 2016.

A fines de 2015, Buzzi fue imputado por "administración fraudulenta" en el marco de una causa en la que se investiga su presunta responsabilidad en el otorgamiento de un crédito de $ 10 millones a la empresa Alpesca sin tener las garantías necesarias para su devolución.