En Mendoza llegó a Corte debate sobre detenidos

Alfredo Cornejo

Mendoza - La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia provincial recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ésta frene el fallo del tribunal mendocino que avaló un hábeas corpus colectivo que permitiría la liberación de más de 800 procesados con prisión preventiva, que se encuentran aún sin sentencia.

La Procuración liderada por Rodolfo González realizó una presentación en la que destaca, entre otros puntos, que la Corte de Mendoza avasalla competencias del Poder Legislativo, que tiene como misión dictar las leyes que rigen al código de procedimiento.

En esa misma línea se expresó también el ministro de Gobierno y Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay. Anteayer, el propio gobernador Alfredo Cornejo (UCR) dijo que la decisión de la Corte "hace virtualmente inaplicable la prisión preventiva, y por eso quedarán libres la mayoría de los detenidos", además de que "no explica cómo operará en la práctica su resolución".

En tanto, la vicegobernadora Laura Montero señaló que si bien su deseo y el de Cornejo "es mantener una buena relación institucional con el Poder Judicial", dejó en claro que el fallo "es lesivo para algunos intereses de la provincia y puede tener efectos bastantes severos para la ciudadanía, afectando directamente en la situación de inseguridad".

Cornejo y Montero fueron recibidos el lunes último por el titular del máximo tribunal de Justicia de Mendoza, Pedro Llorente, y los jueces de la Corte Mario Adaro y Herman Amilton Salvini.

Sin embargo, el desaire principal lo activaron los otros miembros de la Suprema Corte, Omar Palermo, Julio Gómez, Jorge Nanclares y Alejandro Pérez Hualde. El primero de ellos fue el ejecutor del polémico fallo en cuestión.

Ayer, la acción de la Procuración recibió un respaldo en la Legislatura mendocina: las senadoras radicales Claudia Najul y Daniela García presentaron un proyecto de resolución para declarar "la preocupación por que dicho fallo no protege a las mujeres y niños en situación de violencia, debido a que aumenta la vulnerabilidad de los mismos ante el proceso legal".

Para las senadoras, "es alarmante para las mujeres y niñas de Mendoza que el máximo tribunal provincial no reconozca la gravedad de esta medida para quienes sufren situaciones de violencia de género".