Mendoza - La conflictiva relación del gobernador Celso Jaque y los jueces provinciales sumó un nuevo capítulo este fin de semana, cuando se conoció que el Ejecutivo elabora un proyecto de ley para que los magistrados sean evaluados periódicamente para revalidar su pertenencia en el cargo. Asimismo, se planea otro texto que implica eliminar el adicional por antigüedad que se otorga a partir de los 65 años.
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La embestida llegó un día después de que el mandatario justicialista, al inaugurar las sesiones ordinarias de la Legislatura el pasado 1 de mayo, cuestionara una vez más el accionar de jueces y fiscales. Jaque los acusó de favorecer con sus decisiones a los delincuentes y amenazó con someterlos a un jury de enjuiciamiento, según publicó el diario Los Andes.
La meta es que se actualicen y cumplan ciertos objetivos, y aunque aún no está cerrado el texto, se piensa en que el Consejo de la Magistratura tome ese examen cada 5 o 6 años.
La ley no dirá explícitamente que el que no aprueba dejará de ser juez automáticamente, porque la Constitución provincial garantiza su estabilidad en el cargo y sería necesaria una reforma para permitir la destitución por esa razón. Pero en el Ejecutivo consideran que una mala nota será causa suficiente para iniciar un jury de enjuiciamiento -el único mecanismo de expulsión contemplado- por no cumplir bien su función.
«Como el mismo presidente de la Suprema Corte (Jorge Nanclares) lo ha reconocido públicamente, el sistema judicial es deficitario y de los tres poderes es el que menos controles tiene en cuanto a su desempeño y funcionamiento», justificó el secretario general de la Gobernación y autor de todas las ideas oficiales que tienen como objetivo a la Justicia, Alejandro Cazabán.
A esto se suma otro proyecto -que se enviará junto con el anterior en alrededor de 15 días-, para congelar el adicional que cobran los magistrados por antigüedad una vez que estén en edad de jubilarse (aunque no se encuentren obligados a hacerlo justamente por la estabilidad en el cargo). Es decir, que si al llegar a los 65 años un juez lleva 30 años en Tribunales, se le seguirá pagando la antigüedad por ese tiempo, sin contar los que sume con posterioridad.
El argumento para tomar esta medida es que ese adicional es una parte sustancial de los haberes que crece año tras año y, por lo tanto, influye mucho cuando deciden finalmente jubilarse.
En este enfrentamiento, la pelea de fondo es el reclamo ciudadano por la inseguridad, que pesa sobre Jaque y su gestión desde el mismo día en que asumió, por la famosa promesa de bajar un 30% los delitos en 6 meses que hizo durante la campaña de 2007. Ahora, el mandatario asegura que el Ejecutivo «está poniendo todo lo que tiene que poner en la lucha contra la delincuencia», pero que todo ese esfuerzo se frustra porque en la Justicia no se observa el mismo compromiso.
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