21 de diciembre 2009 - 00:00

En primera sesión del Congreso le apuntarán al DNU

La lista de leyes que está consensuando toda la oposición para iniciar el Congreso en marzo de 2010 con una reedición del triunfo del pasado 3 de diciembre ya tiene fijada su máxima prioridad. En la primera sesión disponible, toda la oposición intentará derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que Cristina de Kirchner creó el Fondo del Bicentenario, una forma elegante de decir que se utilizarán reservas del Banco Central para cancelar los vencimientos del año que se inicia. El podio lo comparte con la modificación al Consejo de la Magistratura que la oposición también tiene en cartel para iniciar el año en el Congreso. Ese proyecto, apoyado por todos los bloques opositores, da marcha atrás con el punto más polémico de la reforma al Consejo que hizo Cristina de Kirchner como senadora en 2006: busca eliminar la mayoría kirchnerista en el comité de acusación y el de selección de jueces, lo que le permite al Gobierno vetar tanto el juzgamiento como el ingreso de magistrados.

La elección del DNU que creó el Fondo del Bicentenario como tema para iniciar la lista de proyectos apoyados por todos los bloques opositores no fue caprichosa: por derecha y por izquierda todas las bancadas que se unieron en el «Grupo A» que logró quitarle el control de Diputados al kirchnerismo ahora apoyan la decisión de frenar el pago de los vencimientos de 2010 con las reservas «excedentes» del Central.

El radicalismo, la Coalición Cívica, el macrismo y el peronismo disidente argumentan que en realidad el Gobierno no quiso garantizar el pago de la deuda en 2010 y, por lo tanto, bajar la tasa que exigen los acreedores para el canje de títulos aún en default, sino ampliar de esa forma el gasto disponible el año próximo. Es decir, que al pagar los servicios de la deuda con los u$s 6.569 millones de reservas excedentes se dejan liberados los fondos que para el mismo fin se habían dispuesto en el Presupuesto 2010, que ahora pasarán a financiar nuevo gasto sin control del Congreso.

Desde la izquierda la oposición es la misma, pero con otra interpretación: desde Fernando Pino Solanas, hasta Claudio Lozano y Miguel Bonasso argumentan que el Gobierno siguió con esas medidas la misma lógica que el menemismo en los 90 al cancelar deuda de bonistas a costa de sacrificar reservas ganadas con ingresos que deberían aplicarse a redistribuir riqueza.

Por uno u otro camino, todos están dispuestos a ingresar al recinto a discutirle al Gobierno el decreto. El éxito en la sesión de marzo, entonces, estaría asegurado, aunque quedan dos interrogantes por solucionar: la oposición deberá pelear antes para que se constituya la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que controla los DNU, y para que el Senado también acuerde la derogación del DNU que dio origen a ese fondo cuasi patriótico (ver nota aparte).

Como todo DNU, el que firmó Cristina de Kirchner para garantizar el pago de los vencimientos de deuda de 2010, pero que en realidad opera como un desvío de reservas hacia ese sentido, una vez comunicado por el Poder Ejecutivo al Congreso debe ser analizado por la Bicameral de Control de los DNU. Esa comisión debe emitir un despacho que luego en las dos Cámaras puede ser aprobado o rechazado por mayoría simple. A esa votación es a la que se arriesgará la oposición con una suerte garantizada en Diputados pero muchos interrogantes en el Senado. De todas formas, el daño al Gobierno ya está hecho: mientras Cristina de Kirchner y Amado Boudou quieren demostar que la deuda a vencer en 2010 está garantizada y de hecho hasta comenzaron a ofrecer cancelaciones anticipadas de esos montos, la oposición promete que el polémico decreto será cuestionado en el Congreso lo que complica el horizonte.

Por si faltaba algún argumento, los radicales pusieron también en duda el mecanismo que se utilizó para calcular el uso de las reservas: «No hay ninguna ley que dice que las reservas tienen que ser un porcentaje de la base monetaria. Hasta cuando usaron la plata para pagarle al FMI, le metieron un pagaré al Central», argumentan.