En Santa Fe, oposición también rechaza escalonar

Santa Fe - Los legisladores opositores al Gobierno del socialista Antonio Bonfatti anticipan sus condicionamientos para el avance de la reforma tributaria en la provincia, que como la bonaerense propone un revalúo fiscal en las propiedades rurales y un aumento en las alícuotas del impuesto al Inmobiliario Rural.

El proyecto oficial ya ingresó al Senado y espera su debate para la primera semana de junio. Si bien el justicialismo es mayoría en ambas cámaras, en la Casa Gris estiman que los senadores estarían más cerca de dar su visto bueno a la iniciativa porque de la mano sumarían nuevos acuerdos financieros para los municipios comandados por el PJ en el interior provincial.

La aprobación en Diputados, en cambio, se plantea para Bonfatti como una cruzada cuesta arriba y uno de los dos puntos de conflicto es el modelo escalonado, el mismo que el Frente Progresista bonaerense propuso al Gobierno de Daniel Scioli como condición. De hecho, a fin de acercar posiciones, el mandatario incluyó en la gira por Medio Oriente y Alemania al kirchnerista Luis Rubeo, presidente de la Cámara baja.

En rigor, la ecuación es la misma en ambos casos: las trabas del PJ para el Ejecutivo de Santa Fe apuntan a la misma dirección que las del peronismo kirchnerista para el de Buenos Aires. Es decir, responden a la necesidad del Gobierno nacional de contar en el corto plazo -y no en 5 años, como lo que se planifica para el escalonamiento- con un incremento significativo en el impuesto a los Bienes Personales, una obligación de la que hasta ahora estaban exentos muchos pequeños y medianos productores.

«No estamos de acuerdo en otorgar facultades que son del Poder Legislativo al Ejecutivo, porque con el revalúo escalonado lo que pretende la gestión de Bonfatti es imponer el valor que quiere, sin consulta, en función de sus urgencias anuales, de 2013 a 2018», señaló a este diario el diputado justicialista Mario Lacava.

Desde la administración socialista admitieron que se solicita al Parlamento esa facultad delegada, pero aclararon que a cambio se ofrece un tope de garantía: no se podrá superar el 20% de la referencia, es decir, que el valor fiscal de los campos nunca se van a equiparar con los de mercado.

En efecto, la iniciativa oficial propone consensuar una tabla de valores de referencia. Un 15% de esos valores conformaría la valuación fiscal y la base imponible. En Buenos Aires, en cambio, se calcula entre un 30% y un 40% del valor de mercado.

Además, la actualización santafesina plantea tener en cuenta rendimientos y cercanía a puertos. Por otra parte, prevé graduar el impacto del impuesto: las partidas menores a 50 hectáreas no tendrían un aumento superior al 50% en el impuesto.

El PJ, en tanto, sostiene además otra condición que mantiene inalterable desde cuando el anterior Gobierno de Hermes Binner intentó sin éxito una reforma similar y es la de incluir la discusión sobre los gastos en el debate fiscal.

«Seguir votando esto es seguir agravando la situación de la provincia», declaró en ese sentido Omar Perotti, diputado nacional del PJ santafesino.