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Es ley el Presupuesto que pidió Scioli
El plan de gastos -que logró el aval de ambas Cámaras en la última sesión del año- contempla recursos totales por $ 53.128 millones y un déficit para el año próximo de $ 2.904 millones (cerca de $ 800 millones más respecto de los $ 2.100 millones previstos para 2008), lo que suma un gasto total de $ 56.032 millones. La necesidad de financiamiento, en tanto, se eleva de $ 4.500 millones a $ 7.000 millones.
Además estipula un incremento de recursos para áreas sensibles como Desarrollo Social, Educación, Salud, Seguridad y Justicia. En cambio, no prevé subas salariales para el año entrante, lo que genera malestar entre los gremios.
El articulado incluye además, aunque con cambios, el aval pretendido por el Ejecutivo para oficializar el uso del superávit del Instituto de Previsión Social (IPS) para gastos corrientes (a cambio de la emisión de una letra), que disparó cuestionamientos de sindicatos (que incluso marcharon ayer hacia la Legislatura, en protesta por este y otros puntos) y de la oposición.
En este sentido, la Legislatura anexó la explícita aclaración de que se «garantiza la no depreciación» del capital del IPS, al equiparar el rendimiento de los títulos públicos que recibirá ese organismo -a cambio del préstamo al Ejecutivo- con el porcentaje de intereses promedio que la provincia paga por su endeudamiento tanto con organismos internacionales de crédito como con el Gobierno nacional.
También quedó definido, respecto de este punto, que si el IPS desea disponer de los recursos prestados a la provincia, «pueda volver a tenerlos tan sólo con avisarle al Ministerio de Economía con anticipación de 30 días». Una movida en la que debió ceder la cartera económica que conduce Rafael Perelmiter para destrabar el tironeo en torno al instituto previsional.
Revés para Montoya
En paralelo, la ley impositiva -que no prevé suba de impuestos- terminó por confirmar un revés para el recaudador Santiago Montoya, a quien le negaron -incluso desde el oficialismo, «por el momento»- su pretensión de crear las polémicas figuras de agente encubierto y de informante para potenciar la lucha contra la evasión. En sintonía, tampoco prosperó el intento de aplicar retoques en valuaciones inmobiliarias.
En cambio, sí se oficializaron cambios en la manera de calcular el Impuesto Inmobiliario Urbano, que en la práctica representarán subas de hasta 20% para 3% de las propiedades (entre las más caras), aunque tasa cero o con rebajas para cerca de 1 millón de contribuyentes. Para los ruralistas, en tanto, se confirmó la promesa de Scioli de que el año entrante no habrá incrementos en el Impuesto Inmobiliario Rural.
Espantados los tironeos iniciales dentro del oficialismo, en Senado y en Diputados el Presupuesto contó con el aval del bloque PJ-FpV y con el apoyo en general (aunque no en particular) del PRO y de Unión Celeste y Blanco (de Francisco de Narváez). En cambio, se opusieron la UCR y Coalición Cívica, fundamentalmente disconformes con el punto ligado al superávit del IPS. En diputados, Scioli contó con el apoyo del cobista Consenso Federal. En la postal, se alejó además el fantasma de que embarrara la discusión el sector ligado al crítico Felipe Solá.


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