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Es ley la nueva concesión de rutas a playas
• Proyecto de Scioli contempla obras por $ 300 m cada año y prevé suba en peajes con tope en $ 50 dentro de 8 años
La iniciativa del Gobierno genera una fuerte polémica por los cambios en la actual concesión.
La iniciativa -que desató fuerte polémica en el seno de la oposición- habilitará a futuros aumentos de peaje contemplados en los pliegos (que tendrán un tope máximo de 50 pesos de peaje por cada viaje a las playas bonaerenses para dentro de 8 años) a cambio de la previa concreción de millonarias obras (cerca de $ 300 millones por año).
El proyecto que ya es ley da vía libre a Scioli para otorgar, bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje por un plazo máximo de 30 años, el corredor vial -denominado Sistema Vial Integrado del Atlántico- que incluye las rutas 2, 11, 63, 56, 74 y 88.
La postal de llamado a licitación se concretaría a principios de 2010, y apunta a generar una concesión unificada de las rutas para asegurar -argumentan- «mayores inversiones» y «sinergias técnicas y económicas que se traduzcan en una administración más eficiente e integral». «El plazo remanente de las concesiones de las rutas 2 y 11 no resulta suficiente a los fines del recupero del monto de las nuevas inversiones necesarias para la ejecución de las obras que permitan impulsar el desarrollo turístico y productivo de la región», se argumentó desde el Ejecutivo.
El pliego de concesión prevé la concreción de 51 emprendimientos, que abarcan la construcción de nuevas manos -por caso, la Ruta 2 pasará a tener tres carriles por mano-, de obras de circunvalación, rotondas, banquinas y hasta la posibilidad de que se cambie el trazado de la Ruta 11.
Según se informó, el circuito -por el que se podrá acceder a más de 50 localidades balnearias- tendrá una extensión de 1.150 kilómetros.
De acuerdo con la norma sancionada ayer, el Estado provincial no deberá hacerse cargo de la rescisión de los contratos, sino que delegará en la nueva concesionaria la responsabilidad de actuar en forma conjunta con las actuales compañías o bien llegar a un acuerdo para que abandonen sus concesiones.
En la actualidad, la concesión de la Ruta 2 está en manos de la empresa Covisur, mientras que la Ruta 11 es manejada por la compañía Caminos del Atlántico.
En paralelo, se creará un organismo de control conformado por miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La avanzada del oficialismo disparó fuertes críticas de la oposición en los últimos días. Por caso, el presidente del futuro bloque Unión PRO, Ramiro Gutiérrez, se quejó de que el proyecto no precisa «qué cantidad total y definitiva de kilómetros se van a construir ni quién se va a hacer cargo de la rescisión de los contratos con las concesionarias actuales».
En paralelo, los legisladores de la CC, Maricel Etchecoin Moro y Jorge Cravero, advirtieron que «el establecimiento de un plazo tan extenso no puede tener otra lógica que la de favorecer al consorcio de adjudicatarios, que no sólo verán incrementados excesivamente los flujos de rentabilidad futura, sino que estarán a resguardo de toda competencia que el mercado pudiera ofrecerles».
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