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Escuchas: definen desafuero de jueces
Norberto Oyarbide
El pedido fue presentado hace 20 días por el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la pesquisa, luego de que los magistrados no se presentaran a las declaraciones indagatorias a las que habían sido citados. Oyarbide pidió en consecuencia su desafuero por presunto mal desempeño. Sólo así podrá ordenar su detención para poder interrogarlos.
Gallardo y Rey dispusieron desde 2007 las intervenciones de los teléfonos de Ávila, Burstein y Leonardo, además del empresario Alfredo Coto y de dos gerentes que trabajan para su compañía, el abogado Francisco Castex, y de varias esposas de importantes empresarios como Jorge Navarro (hermano del dueño del Grupo Exxel, Juan Navarro) y el anticuario Hugo Breitman.
Ninguno de los escuchados tenía vinculaciones con las causas por las que se ordenaban sus pinchaduras, pero los jueces se amparan en el argumento de que no sabían de quiénes eran los teléfonos sobre los que ordenaban la intervención y que actuaban en función de lo requerido por los oficiales de inteligencia de la Policía de Misiones. Nunca pidieron un informe sobre la titularidad de esas líneas, a pesar de que muchos de estos números (como el de Ávila) se repitieron en diferentes casos durante dos años. Al mismo tiempo, los policías de esa provincia -procesados con prisión preventiva- declararon ante Oyarbide que habrían sido engañados por el supuesto espía Ciro James, principal sospechoso en la investigación y hoy detenido en el penal de Marcos Paz.
El Consejo de la Magistratura de Misiones deberá analizar también los distintos obstáculos a los que se enfrentaron los funcionarios judiciales enviados por Oyarbide para copiar los expedientes que Gallardo y Rey se negaron a enviarle. Por ejemplo, no se encontraron en los juzgados algunos de los expedientes en los que se habían ordenado escuchas. Tampoco muchas de las grabaciones de la SIDE que James llevó durante dos años a Misiones.
A pesar de que existen fuertes sospechas respecto del supuesto mal desempeño de los dos jueces de Misiones, el pedido de desafuero presentado por Oyarbide podría no avanzar. El artículo 14 de la ley de enjuiciamiento de esa provincia establece que «cualquier habitante de la provincia podrá acusar a los funcionarios por las causales de incapacidad física o mental sobreviniente, delito en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de sus deberes o delitos comunes» y el organismo podría basar su rechazo en el límite territorial. Como Oyarbide no es habitante de la provincia, su presentación podría ser desestimada. Otro dato significativo es que Gallardo fue designado la semana pasada juez electo del subrogante de Posadas, a pesar del escándalo.
El organismo, sin embargo, avanzaría en otras medidas para evaluar la situación de los jueces, según publicaron medios de Misiones. Entre ellas, se analiza iniciar una nueva investigación preliminar, que se sumaría a la que ya empezó el Tribunal Superior de Misiones y a la que impulsa el juez de instrucción N°3 de esa provincia, Fernando Verón. El magistrado ya solicitó a Oyarbide que se inhiba del caso y argumentó que tenía que tramitar en Posados, lo que es rechazado de manera tajante por el juez federal.
La pesquisa de Verón presenta algunas sospechas: además de que se investiga si su juzgado también ordenó intervenciones con la misma modalidad que las de Gallardo y Rey, su secretaria judicial, Lidia Kruchovski, trabajó antes para Rey. Tanto ella como la secretaria de Gallardo, Mónica González, fueron indagadas el viernes pasado por Oyarbide y declararon que se limitaban a cumplir las órdenes dictadas por los magistrados. Por eso, interrogar a los dos jueces es una de las claves de la pesquisa de Oyarbide.


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