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Escuchas: Narodowski negó cargos por espía
Mariano Narodowski
Narodowski ratificó que el principal imputado en la causa de las intervenciones supuestamente ilegales de los teléfonos de los empresarios Carlos Ávila y Alfredo Coto, del cuñado de Mauricio Macri, Néstor Leonardo, y de Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA, «tenía un contrato de locación de servicios y no tenía obligación de concurrir al Ministerio de Educación» de manera permanente, como había declarado la jefa de Gabinete de su ministerio, Rosana Barroso. Agregó que había conocido al ex policía federal y supuesto espía a través de ella, a quien supuestamente respondía y con quien había acordado la metodología de trabajo.
El ministro de Educación también afirmó que en una de las últimas ocasiones en que James fue al ministerio, aunque él no lo atendió personalmente, fue a despedirse y a «decir que iba a trabajar en la Policía Metropolitana».
Narodowski había sido citado a declaración indagatoria por Oyarbide debido a que, según el juzgado, su cartera no había podido acreditar de manera concreta que James trabajara para ellos, así como tampoco había podido precisar qué tareas cumplía allí el supuesto espía por los dos contratos de $ 57 mil que firmó en 2008 y 2009 con Educación.
También fue citado debido a que la contratación del ex policía coincide con la fecha de las escuchas al cuñado del jefe de Gobierno porteño.
En este sentido, Narodowski aseguró que «ninguno de los asesores externos tiene la obligación de firmar informes», al preguntársele por la ausencia de tareas concretas por parte de James en la cartera. También se le preguntó la causa de que el nombramiento del supuesto espía no haya aparecido en el Boletín Oficial, a diferencia del resto del personal que ingresa a trabajar al Gobierno porteño, punto que el ministro dijo que no era de su competencia, sino que correspondía a la Secretaría Legal y Técnica.
Narodowski precisó además que James había sido contratado junto con varias personas recomendadas por asesores de la Universidad de La Matanza, como Mauro Cabral y Gina Dinardo. Entre los numerosos delitos que investiga el juez en este caso, se indaga sobre la posible utilización de recursos del Gobierno porteño para armar una supuesta asociación ilícita dedicada al espionaje de empresarios y políticos, a través pistas falsas en causas verdaderas que generaron las pinchaduras.
Policías misioneros
Por eso, el magistrado amplió ayer las indagatorias de cinco policías de Misiones imputados en la causa -tres de ellos ya fueron procesados sin prisión preventiva- por presunta asociación ilícita, al haber sido ellos quienes solicitaran a los jueces de esa provincia, Horacio Gallardo y José Luis Rey, las escuchas telefónicas a partir de pistas falsas. Según habían declarado anteriormente, en todos los casos James habría aportado los datos telefónicos.
Oyarbide, además, volvió a citar a James y al ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, para el lunes que viene. Ambos también ampliarán su indagatoria por presunta asociación ilícita.
Por otro lado, la defensa de Palacios planteó la nulidad del caso, al asegurar que era competencia de la Justicia de Misiones, así como porque «las intervenciones del juzgado constituyen un flagrante apartamiento del debido proceso penal».


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