Emblema. Los sindicatos docentes utilizarán el espacio para dar charlas y realizar distintas actividades tendientes a reclamar la paritaria nacional. Foto: Ignacio Petunchi.
Luego del violento desalojo del pasado domingo, el gremio docente CTERA inauguró finalmente ayer a la tarde en la Plaza del Congreso la escuela itinerante, que permanecerá abierta con una agenda de actividades a lo largo de siete días. Vencido ese plazo, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta deberá decidir si concede una prórroga a esta autorización que otorgó el martes después de, quizás, cierta sobreactuación burocrática, o si hace efectiva la limitación impuesta en el acta compromiso que suscribieron la dirigente Sonia Alesso y el director de Ordenamiento del Espacio Público porteño, Luis Cuence.
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El plazo, en rigor, será un punto bisagra dentro del caldeado escenario de conflicto con los maestros por la negativa del Gobierno de convocar a una paritaria del sector, y que no resiste una nueva postal como la del domingo en la que la intervención policial de la Ciudad sumó -innecesariamente- argumentos a favor de la dirigencia sindical referenciada, mayormente, en el preceptor Roberto Baradel.
Con ese límite concreto, la postal que ayer se dibujó en la Plaza del Congreso remitió, indefectiblemente, a la emblemática Carpa Blanca levantada por los maestros liderados por Marta Maffei el 2 de abril de 1997, en contra de los recortes salariales, los ajustes en los presupuestos educativos provinciales, el pago de los salarios en bonos, el cierre de cursos y escuelas, y las consecuencias de la aplicación de la Ley Federal de Educación durante el Gobierno de Carlos Menem.
Veinte años después de aquella madre de las batallas docentes, la escuela itinerante de hoy parece concentrar un sólo objetivo: el de doblegar la decisión del ministro Esteban Bullrich de no convocar a los sindicatos para discutir un salario nacional de referencia, en un esquema donde además se cuela, inevitablemente, la picardía política de ciertos sectores de la oposición que creen ver en este conflicto una oportunidad para ganar espacio de cara de las elecciones de este año.
Al margen de esta consideración, la puerta a la paritaria nacional parece cerrarse per se a medida del avance de los acuerdos salariales en las provincias. Ayer, por caso lo hicieron Neuquén y Formosa, mientras se espera algún progreso a partir del lunes también en Santa Fe y Córdoba.
En el ámbito judicial, tampoco prosperó el esfuerzo de los gremios para que, merced al fallo de la jueza Dora Temis (recusada por el Gobierno) la Casa Rosada habilitara la discusión en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Anoche, incluso, venció el plazo legal establecido por la magistrada.
"Los gremios docentes deberían dejar de persistir con este intento de paritaria nacional y reclamar, en cambio, un lugar en el Consejo del Salario", sugiere un observador del conflicto que durante la gestión de Cristina de Kirchner resistió la presión de los sindicatos para lograr una actualización automática de los sueldos docentes de acuerdo al Salario Mínimo Vital y Móvil. Claúsula que, sin embargo, sí fue incorporada en febrero de 2016.
El reloj empezó a correr desde ayer. El Gobierno y los gremios tienen, en principio, siete días para redirigir la estrategia y buscar una salida definitiva a este conflicto que ya incomoda a todo el país.
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