España: sacude al PP un escándalo de espionaje

Esperanza Aguirre, jefa del Gobierno regional de Madrid, quedó en el ojo de la tormenta cuando la prensa destapó el esquema de espionaje político que desgarra a la oposición española.

Madrid - Una trama de espionaje sacude al Partido Popular (PP), el principal de la oposición española. Destacados miembros de la formación en Madrid han sido
objeto de seguimientos e investigaciones por parte de un grupo parapolicial pagado con fondos públicos del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, una de las figuras más destacadas de la agrupación conservadora que encabeza Mariano Rajoy.
El escándalo apunta a una batalla por el poder dentro del partido. Al menos eso es lo que da a entender el diario El País, cercano al gobernante Partido Socialista (PSOE), que es el que destapó la trama esta semana.
Según el diario, un equipo de ex agentes de la Guardia Civil comandados por un ex inspector de policía y contratado por el Gobierno regional de Aguirre como asesores de seguridad se dedicaron a espiar a destacados funcionarios del ayuntamiento de Madrid y del propio Gobierno regional de la comunidad, ambos del PP. La Fiscalía investiga ya la trama.
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, fueron espiados en abril de 2008. El primero es la mano derecha del alcalde Alberto Ruiz Gallardón, conocido y aguerrido enemigo interno de Esperanza Aguirre. Y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue espiado en agosto de 2008 durante un viaje oficial a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
El Gobierno regional de Aguirre niega tener algo que ver en esta trama de espionaje, pero no desmiente la existencia de la misma, ya que acudió a la Justicia en cuanto se comenzó a conocer el caso. ¿Quién dio orden de espiar a los tres funcionarios? ¿Por qué? Las respuestas, obviamente, son distintas según quién las dé.
El consejero de Interior del Gobierno regional, Francisco Granados, de cuya consejería depende el equipo de ex agentes contratados como asesores de seguridad, manifestó ayer que «todo es un montaje» para hacerle daño al Gobierno de su jefa, Aguirre.
El vicealcalde de Madrid, una de las víctimas, no lo tiene tan claro. «La información es poder y en este caso es en un momento en el que había en mi partido diferentes posturas a la hora de afrontar el Congreso de Valencia; se hablaba de posibilidades, o de a quién apoyaba uno u otro, por lo que alguien tenía un interés en conocer cuáles eran la reuniones, las comidas, o con qué personas», indicó.
Y es que, tras la segunda derrota consecutiva, en marzo de 2008, de Mariano Rajoy frente a José Luis Rodríguez Zapatero, el PP vivió tiempos turbulentos. Algunos cuestionaron duramente el liderazgo del presidente del partido y la propia Aguirre llegó a amagar con presentar su candidatura para dirigir la formación. Finalmente, en el congreso que celebró en Valencia, sólo Rajoy se presentó.
«Sabemos que las personas (que realizaron el espionaje) estaban adscritas a una unidad de la comunidad autónoma, pero no sabemos si lo
hicieron siguiendo instrucciones, a quién dieron esa información o si lo hicieron en connivencia con otros. Lo que tenemos es ganas de saber», dijo ayer, más cauto que su segundo, el alcalde Gallardón.
«Debe caer el peso de la ley sobre los presuntos delincuentes», pidió por su parte Alfredo Prada, consejero de Justicia del Gobierno regional cuando fue espiado y el único miembro del Ejecutivo de Aguirre que mostró públicamente su apoyo a Rajoy. Fue cesado por la presidenta regional tras el Congreso de Valencia, en el que Prada entró en el círculo de confianza del jefe del partido.
El Partido Popular se declaró ayer «completamente indignado» por el presunto caso de espionaje en el municipio y en el Gobierno regional de Madrid y aseguró en ese sentido que tomará «las más enérgicas medidas».
La dirección central del PP, entretanto, no coincide en sus valoraciones sobre el caso. «No sabemos si esos hechos son o no ciertos, pero de serlo son hechos gravísimos, gravísimos, y tengo que trasladarles la completa indignación de mi partido porque pueda haber seguimiento, espionaje o cualquier tipo de vigilancia hacia militantes del Partido Popular», manifestó la secretaria general, María Dolores de Cospedal.
Cospedal agregó que Rajoy le encargó una investigación sobre la supuesta trama de espionaje.
La secretaria dijo también que el PP está investigando los hechos para tener el «máximo conocimiento», tras lo cual tomará «las más enérgicas medidas» acerca del caso, «totalmente vergonzante en un estado de derecho».
El vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, trató sin embargo de implicar directamente al Ejecutivo de Zapatero. «Hay información contenida en los dosieres que no se puede conseguir sin la connivencia del Ministerio del Interior, como identificaciones de personas y matrículas», aseguró. «¿Quién está detrás de esta investigación a los populares?».
Sus palabras despertaron el enojo del presidente Zapatero. «Saben muy bien a quién tienen que mirar desde Génova (la sede nacional del PP), lo saben muy bien; que miren a quien tienen que mirar, que asuman responsabilidades, que tomen decisiones en la dirección del partido», dijo, visiblemente molesto.
Agencias DPA, AFP y ANSA