España, sobre YPF: “Gobierno perjudica a sus ciudadanos”

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta española, ayer en el Palacio de la Magdalena, en Santander.

Santander - «A mí me preocupan mucho aquellos Gobiernos que toman determinadas decisiones que en el corto plazo -entre comillas- pueden verse muy bien, pero que están perjudicando a sus propios ciudadanos», sostuvo la vicepresidente española, Soraya Sáenz de Santamaría. La funcionaria se refirió así a la expropiación de YPF por parte del Gobierno, en una conferencia de prensa realizada ayer en el Palacio de la Magdalena de esta ciudad, utilizado, en otros tiempos, por la familia real como lugar de veraneo. Explicó que las decisiones «que adoptan algunos Gobiernos no piensan en los beneficios económicos y sociales que comportan las inversiones». Así, advirtió que este «incumplimiento» del Gobierno de Cristina de Kirchner traerá como consecuencia una retracción en el crecimiento económico. De una manera mucho más sutil y cuidada, Sáenz de Santamaría repitió los conceptos que expresó en abril el canciller español José Manuel García-Margallo: «La Argentina se ha pegado un tiro en el pie».

A continuación, las declaraciones más importantes de la vicepresidente.

La pregunta que me haría es: ¿decisiones de esta naturaleza (expropiación de YPF) sirven al interés de los ciudadanos más que el interés de algunos políticos? Realmente no. Lo que favorece es la inversión, porque la inversión es generación de empleo y el empleo es mantenimiento del estado de bienestar, es mejora de los servicios y eso tiene que llamarnos a la reflexión. Los Estados que han logrado fortalecer con sus medidas a sus inversiones son Estados que crecen, que reparten la riqueza entre todos.

La relación con Latinoamérica no está exenta de dificultades puntuales y desde luego que se tiene que afrontar (el tema de YPF). Todos los Gobiernos tenemos la obligación de velar por nuestros ciudadanos. Junto a las primeras decisiones que tomó del Gobierno español, porque tenemos como cualquier estado que apoyar a nuestras empresas, está la de manifestar que políticamente creemos que el beneficio mayor para los ciudadanos de un Estado es mover ese marco de libertad económica y establecer una seguridad jurídica que haga que las empresas cumplan sus compromisos y que redunde en beneficio de todos.

En 6 meses España modificó el régimen de las cuentas públicas, el mercado laboral, creó importantes medidas para fortalecer el sistema financiero, reformas en las administraciones públicas y en el ámbito de la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. Se hizo con cierto retraso. Si se hubiera hecho antes, como Reino Unido u Holanda, el resultado hubiera sido otro, porque la crisis era más incipiente, pero nosotros, llegamos al Gobierno y nos encontramos con esto.

El problema es de nuestro sistema financiero y de una parte. Lo dijo el FMI, que tiene mucha experiencia en estos casos. Ante una hecatombe. Poniéndose en una situación apocalíptica los «stress-test» indican que necesitaríamos 62 mil millones de euros. Ahí tenemos esa línea de crédito abierta (por 100 mil millones de euros) para el sistema financiero español. Ya se solicitó. Se tiene que definir ese proceso. También estamos trabajando como Italia en fórmulas que eviten la contaminación de este tema con la nota soberana y disminuyan los diferenciales de financiación. 

Este es un momento en que Europa necesita un firme liderazgo político para mostrar integración en todos los niveles. Es difícil de sostener una moneda única si no convergemos en una política fiscal y financiera común. Es necesario marchar a una unión bancaria que permita mejores instrumentos de regulación, mejores instrumentos de supervisión, la posibilidad de instrumentos como el fondo de garantía de depósitos. Trabajar en mecanismos diversos de recapitalización. Tenemos que encontrar mecanismos que separen los riesgos de ese sector de la deuda soberana.