Documento exclusivo: éste es el informe sobre las escuchas telefónicas

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El festival de filtración de escuchas de los últimos años tiene por primera vez, un documento que recopila cronológicamente las disposiciones, reglamentaciones y oficios. Este viernes la primera entrega del informe con la edición de Ámbito Financiero.

El órgano de control legislativo para los organismos de inteligencia, la Comisión Bicameral, confeccionó un informe técnico que cobra relevancia por haber abordado el funcionamiento de un organismo históricamente opaco, relacionado con las intervenciones telefónicas legales ordenadas por la justicia. Este viernes la primera entrega del informe con la edición de Ámbito Financiero.

El festival de filtración de escuchas de los últimos años tiene por primera vez, un documento que recopila cronológicamente las disposiciones, reglamentaciones, oficios y la prueba respecto a un funcionamiento distorsionado de la oficina que debía tener el mayor resguardo de material extremadamente sensible, porque es el que más puede llegar a avanzar sobre la privacidad de las personas de manera legal, en un contexto democrático.

Las conclusiones forman parte del trabajo de asesores que trabajaron como auditores para la subcomisión creada para indagar en la labor de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación. Su relevamiento se produjo en las famosas oficinas de la calle Avenida de los Incas, donde históricamente funcionó Observaciones Judiciales, la “Ojota” como era conocida cuando esa dependencia operaba bajo el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Ahora bajo el control de la Corte Suprema, el informe expone una serie de falencias que implican un retroceso en cuanto a la transparencia que explican –solo parcialmente- cómo conversaciones sin contenido relevante en materia criminal terminaron ventiladas en medios de comunicación. Cómo ciertas grabaciones hicieron un recorrido irregular con magistrados que no debieron haber sido autorizados a obtenerlas, y funcionaron para apalancar una contra denuncia que buscaba obturar una investigación en curso por espionaje ilegal. Y cuáles son las omisiones normativas que han dejado incompleto el proceso de control democrático que debieran tener estos procedimientos guiados por el secreto.

Aunque el estudio sigue la rigurosidad de una auditoría, relatando los pormenores de la documentación escrutada y evitando la adjetivación, su redacción incluye ciertos tramos que resultan parteaguas para la necesidad de alertar a la clase política cuáles han sido los desvíos que se han planteado, sobre todo, a partir de 2016, cuando por instrucción de Mauricio Macri, la Dajudeco –bajo otra denominación- dejó de estar, como indicaba la ley, debajo de la estructura del Ministerio Público Fiscal, para formar parte del Poder Judicial.

La rigurosidad del informe que se transcribirá a continuación impide sugerir que sus conclusiones fueron “partidizadas” y constituyen una forma de acercarle a la ciudadanía elementos que en muchos casos le son esquivos por dificultad técnica, decisión política o porque el secretismo continúa estando presente, en una tarea que siempre creció frente al imaginario popular como una de las mayores intromisiones que un Estado podía tener contra sus habitantes.

Si lo ilegal se trata de maquillar como legal, no deja de ser un delito. Y más aún. Salpica con una mácula no solo a quienes hayan participado de esas acciones. Sino también a quienes las advirtieron y no hicieron nada por evitarlas. La Democracia argentina debe saldar esa deuda.

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