El aumento de las repatriaciones por parte del Gobierno de Donald Trump hace temer a las autoridades del país latinoamericano que no se trate de un caso aislado.
SALIDA. Al menos 11 millones de personas corren el riesgo de ser repatriadas por las autoridades migratorias de EE.UU. Quienes regresan reciben una muda de ropa y alimentos.
Ciudad de México - El primer caso de suicidio de un mexicano deportado bajo la era del presidente estadounidense Donald Trump, a pesar de las dudas que lo rodean, provocó un fuerte impacto en su país y se convirtió en un símbolo del efecto humano y social de la ofensiva migratoria del magnate.
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El episodio ocurrió horas después que el Gobierno de Estados Unidos revelara los alcances de su estrategia contra los indocumentados y a unas horas de la llegada de los dos principales miembros del gabinete de Trump, los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interna, John F. Kelly, a la capital latinoamericana.
Guadalupe Olivas, de 44 años, el nombre de la víctima, había sido deportado tres veces a Tijuana, y, según testigos, gritó a los agentes migratorios que lo detuvieron en la vecina ciudad de San Diego que se quitaría la vida si lo repatriaban. Una fuente federal citada por el matutino Reforma señaló que "hay un 90% de posibilidades" de que haya sido un suicidio, aunque la fiscalía espera los resultados de la autopsia para confirmar este hecho.
De acuerdo con informaciones de la prensa, el hombre se lanzó desde un puente de 10 metros de altura en el barrio Empleados Federales, a pasos del puesto fronterizo llamado El Chaparral.
Al inicio no fue posible establecer de quién se trataba porque no portaba algún documento de identidad oficial, pero las autoridades lograron identificar a Olivas, porque su nombre iba escrito en una bolsa que le entregó la agencia de Migración y Aduanas (ICE), con sus objetos personales, un poco de alimentos y una prenda de vestir. Olivas quedó gravemente herido como consecuencia de las heridas sufridas en su caída, pero murió luego de ser trasladado de emergencia por paramédicos de la Cruz Roja.
Poco antes de lanzarse, rechazó la ayuda que le ofrecieron voluntarios para trasladarlo a un albergue para inmigrantes, según los testigos, que descartaron versiones según las cuales tuvo una riña o fue empujado por otras personas.
Para peor, se teme que este no sea un episodio aislado. El lunes, el mandatario emitió una serie de memorandos que abren la puerta para la deportación de prácticamente cualquiera de los cerca de 11 millones de mexicanos que se calcula viven ilegalmente en Estados Unidos.
Hasta donde se sabe, la víctima era de Los Mochis, estado de Sinaloa, según dio a conocer el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) Rodulfo Figueroa. Hasta ahora su cuerpo no ha sido reclamado, pero "este tipo de casos empiezan a preocupar a las autoridades locales y apuntan la necesidad de que los migrantes tengan atención psicológica cuando sean deportados a nuestro país", afirmó Figueroa.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Baja California, Adriana Olvera, manifestó que es "un tema que golpea" a los mexicanos "porque muchas organizaciones han hablado de la importancia de atender de mejor forma a los connacionales que ven frustradas sus ambiciones de una vida mejor".
"Nos duele y nos preocupa. Hemos analizado el escenario a partir de las deportaciones masivas por parte del ejecutivo de Estados Unidos. Este deceso nos viene a recordar que no se está respetando la dignidad en el más amplio de los sentidos", indicó.
La ombudsman consideró que los "casos de exclusión hablan de sufrimiento de una familia y de la sociedad por una toma de decisiones que no están sustentadas en derechos humanos".
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