30 de octubre 2012 - 00:00

Expulsan a Bunge de registro por no pagar deuda

Tras no pagar una deuda, la AFIP expulsó ayer nuevamente del registro de operadores de granos a la multinacional Bunge. Según se publicó en el Boletín Oficial, la medida se tomó por irregularidades fiscales por alrededor de $ 1.800 millones. La empresa podrá seguir operando, pero sin beneficios fiscales, ya que la sanción es sobre su rol de acopiador.

La resolución surge de una evasión impositiva que derivó en una suspensión del registro el 1 de octubre último, como paso previo a la exclusión que se concretó ayer, al no haber saldado el pasivo.

Asimismo, se advirtió que la exclusión no implica que la empresa no pueda operar, sino que tendrá mayores costos financieros, ya que ahora se retendrá la totalidad del IVA, del 10,5% y del 15% en el Impuesto a las Ganancias. Este diario intentó ayer comunicarse con la empresa, pero no obtuvo respuestas.

Exigencias

Luego de una exclusión, las firmas pueden ser reincorporadas, aunque los requisitos y el proceso suelen ser exigentes y extensos. Bunge ya pasó por este procedimiento también en mayo de 2011 y luego fue reincorporada. Por este motivo, el titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, dijo ayer ante la prensa que la firma «es un contribuyente que no tiene buena reputación fiscal».

Pasivo

Según fuentes oficiales, la deuda se constituye por «maniobras de triangulación nociva de exportaciones a través paraísos fiscales y operaciones con facturas apócrifas». En el pasivo total, aproximadamente $ 550 millones corresponden a intereses por la incorrecta liquidación de los derechos de exportación por la ley Martínez Raymonda en el período 2007, previo al aumento de la alícuota al 35% en el caso de la soja. La AFIP reclama el pago con ese incremento de las retenciones.

Para volver al registro, Bunge deberá pagar la totalidad de su deuda y demostrar que realiza sus operaciones «en forma transparente». La AFIP acusa a Bunge de realizar triangulaciones con una firma fantasma radicada en una zona franca de Uruguay para evitar el pago del Impuesto a las Ganancias en 2006, 2007, 2008 y 2009. A esto se sumó que la Justicia de Córdoba trabó un embargo preventivo a 50 propiedades que tiene la firma en Córdoba, resolución que se tomó a partir de investigaciones de la AFIP sobre «maniobras de triangulación».

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