Extienden beneficios impositivos a empresas

Débora Giorgi

La Casa Rosada extendió por dos años el plazo de vigencia de los beneficios promocionales en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA a empresas industriales encuadradas en el régimen especial de franquicias tributarias, con el objeto de preservar «las fuentes de trabajo» en el marco de «la actual crisis financiera mundial que particularmente ha afectado a los países de Grecia y España».

Se trata de parte de los considerandos del Decreto 699, que fuera anunciado días atrás por Cristina de Kirchner junto al gobernador de la Rioja, Luis Beder Herrera, y que contiene una prórroga del régimen de promoción industrial para esa provincia y para Catamarca, San Juan y San Luis.

Según lo estipula la decisión nacional, las firmas beneficiadas por esta prórroga «deberán mantener la cantidad mínima de personal comprometido o el nivel de empleo promedio efectivamente afectado a la actividad promovida, en caso de que este fuera mayor, durante el ejercicio del año 2009».

La demora en darse a conocer los detalles del decreto habían generado incertidumbre en las provincias alcanzadas por la promoción y que venían reclamando -sobre todo La Rioja- con una extensión del sistema de beneficios impositivos para evitar una fuga de empresas.

Por su parte, la UCR riojana ya había anticipado que consideraba que «dos años es muy poco tiempo, sobre todo porque las empresas actuales son las que tienen ocupada a la gente».

La letra chica del decreto también sostiene que el porcentaje de beneficios acordados en la Ley 22.021 será el correspondiente a 2009, y no podrá exceder «en ningún caso» el 40 por ciento de la masa salarial del proyecto.

La Ley 22.021 estableció un régimen especial de franquicias tributarias destinadas a alentar el desarrollo económico de La Rioja, en un beneficio que luego fue extendido a otras provincias. Posteriormente, y tras declararse la Emergencia Ocupacional Nacional, el Ejecutivo Nacional avanzó en otras medidas con el objetivo de «procurar la salvaguarda de los puestos de trabajo comprometidos en los proyectos promovidos».

La iniciativa también define que todo proyecto que sea aprobado por la autoridad de aplicación provincial deberá contar necesariamente con el dictamen vinculante favorable del Ministerio de Industria y Turismo, que conduce Débora Giorgi.

En tanto, la AFIP será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que se acordaron con las empresas beneficiadas. En caso de no cumplir en su totalidad con esos compromisos, «la referida extensión perderá efectos, renaciendo la escala original prevista para dichos proyectos».