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Fallo a favor de la ANSES
El Estado Argentino era objeto de una denuncia internacional presentada por algunos estudios jurídicos locales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que luego se retiraron del caso. En 1995, dos titulares de prestaciones previsionales presentaron una denuncia ante la CIDH entendiendo que el Estado afectaba sus derechos relacionados con la propiedad, el retardo en los plazos de justicia, a la salud y el bienestar entre otros.
Específicamente señalaban que la reforma del procedimiento judicial previsto en la Ley 24.463 impedía que pudieran hacer efectivo su derecho de obtener una sentencia judicial o de lograr el ajuste del haber una vez dictada la sentencia en función de las facultades y cambios de procedimientos que preveía dicha ley, haciendo imposible el cobro de las sentencias o la obtención misma del pronunciamiento judicial.
El caso fue declarado admisible por la CIDH 2001. En 2003, a instancias de la Cancillería Argentina y de la ANSES, las partes convinieron abrir un espacio de diálogo. El Estado realizó entonces acciones para mejorar procesos judiciales.


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