Falta ley para más control de aeronaves

Jorge Capitanich

El Gobierno nacional decidió la instalación de un Centro de Vigilancia Aeroespacial en Resistencia, Chaco. La nueva unidad de la Fuerza Aérea Argentina tendrá la función específica de controlar el espacio aéreo con el objetivo de detectar aeronaves en vuelos irregulares. El gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, junto al secretario de Asuntos Estratégicos Militares, Germán Montenegro, y al jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Normando Costantino, inaugurarán la base el miércoles por la mañana. Está emplazada en el predio del Aeropuerto Internacional de Resistencia y el corazón operativo lo constituye uno de los tres radares móviles tridimensionales que fueron adquiridos a España por el valor simbólico de un dólar. Esos equipos son excedentes del Ejército del Aire español, ya están en el país y el primero comenzará a funcionar en Resistencia a principios de agosto. Luego se instalará otro en Posadas, Misiones, y el tercero servirá de repuesto. El paraguas de vigilancia radar del país (función militar) se completaría sumando a los equipos de origen español tres radares tridimensionales de última generación cuya licitación internacional aún está pendiente.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, cedió el palco a Montenegro, quizá por la connotación política de la misión de la base, que se orienta sin tapujos al combate del tráfico ilegal de drogas, mercaderías, armas, personas, etc., todas actividades conexas con el terrorismo internacional, amenaza no reconocida en las funciones institucionales que fijó el ministerio para las Fuerzas Armadas. Los organismos de seguridad manejan un ecuación que no falla: las crisis económicas incentivan el narcotráfico y el contrabando, la delincuencia organizada se sirve, como el terrorismo, de las grietas en el tejido social de un país. El Centro de Vigilancia Aeroespacial estará a cargo del comodoro Jorge Barrionuevo. Trabajará independiente de la Región Aérea Noreste, que comanda el comodoro Esteban Gorlero Pizarro, y se ajustaría a la cooperación (por ahora) en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando que efectúan las fuerzas de seguridad.
La actividad del centro no puede ir más allá de la detección de los vuelos furtivos, su identificación y eventual orden de aterrizar impartida por los aviones interceptores de la Fuerza Aérea, que nunca se cumple, pues los pilotos de los aviones furtivos saben que las fuerzas legales no pueden derribarlos. El país carece de una norma que permita abatir a los intrusos. El vacío legal favorece la impunidad, según argumenta la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA). Esa ONG se creó en noviembre de 1999, trabaja en la prevención y en la lucha contra el narcotráfico, además de interesarse en el control de gestión de los organismos oficiales, y la preside Claudio Izaguirre.
Estadísticas
AARA dispone de estadísticas sobre la existencia de unas 1.500 pistas clandestinas de aterrizaje de aeronaves de pequeño porte (avionetas) en el territorio de las cuatro provincias del noreste (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) con un promedio de 120 aparatos en tránsito por día.
La opción de derribar aviones que transiten el espacio aéreo argentino sin autorización es un debate demorado en el Congreso.
El único proyecto de ley de empeñamiento o derribo (tomado del modelo brasileño) que autorizaría al Gobierno a tomar esa decisión fue impulsado por el entonces senador del PJ chaqueño Jorge Capitanich en 2005, quien fue también jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde.
«Hoy no existe esa ley, por lo que si interceptamos un avión de manera irregular, lo único que podemos ordenar es su descenso a través de radio o señales. Por eso es importante avanzar en esta norma para la lucha integral contra el contrabando y el narcotráfico», afirmó el comodoro Gorlero Pizarro.
Riesgo
Estadísticas oficiales de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, en base a los secuestros que realizan ambas fuerzas, demuestran que a diario se transportarían unos 600 kilos de marihuana o cocaína. El modo aéreo resulta conveniente al traficante, y el vacío legal (ausencia de ley de derribo) permite vuelos seguros de las avionetas clandestinas. El único riesgo que afronta la carga ilícita es al momento del aterrizaje. Ahí recién puede ser capturado por las fuerzas de seguridad. Una avioneta tarda apenas entre 45 minutos y una hora para llegar a las pistas del suelo argentino, desde que parte del límite entre Paraguay y las provincias del nordeste. Las pistas clandestinas tienen una extensión de cuatrocientos metros aproximadamente por quince de ancho, y generalmente están ubicadas en caminos vecinales de tierra, en zonas rurales.
El diputado nacional Francisco de Narváez reclamó la radarización en un pedido de informes al Poder Ejecutivo. En los fundamentos sostuvo que «es una cuestión de seguridad nacional y defensa de la soberanía. Otros países de la región como Brasil, Chile y Uruguay controlan con radar cerca del ciento por ciento de su territorio». Según argumentó el legislador, el control del sistema de radares cubre hoy apenas el 11% del espacio aéreo del territorio nacional, «la radarización del espacio aéreo evitaría gran parte del ingreso de sustancias ilícitas a la república y mejoraría sensiblemente la seguridad del tráfico aéreo», sostuvo.
La presión de los operativos de secuestro se ejerce únicamente por vías terrestre y acuática. Los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, así como las rutas nacionales 11, 12 y 14, que conectan el nordeste argentino con Paraguay y Brasil, son las que cuentan con mayores controles de seguridad en la región.