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Fin a causa Rural
La operación se había concretado por decreto presidencial en 1991 y el exmandatario había sido citado recién en 2008 por el cargo de peculado. La venta del predio se cerró en u$s 30 millones, aunque tasadores judiciales habían estimado su valor real en por lo menos 100 millones de dólares.
Los camaristas Eduardo Riggi y Ángela Ledesma dieron por extinguida la acción penal sobre la base del argumento de la defensa respecto del derecho de los acusados de obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable.


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