Final a una trama de política y tecnología

Carlos Menem

La decisión argentina de adoptar la norma nipo-brasileña de televisión digital terrestre Isdb-T data de un año, y si bien nunca fue oficialmente reconocida hasta ahora, ya había sido refrendada en el marco de los acuerdos de agosto de 2008 entre los presidentes Cristina de Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva.

Algunos días antes de esa fecha, el ministro Julio De Vido había enviado a San Pablo al titular del COMFER, Gabriel Mariotto, para que se interiorizara en algunos aspectos técnicos sobre el sistema, y un poco más tarde, el propio titular de la cartera de Planificación se convirtió en virtual portavoz de la norma: «Vamos a estudiar con Elio Costas, ministro de Comunicaciones de Brasil, las oportunidades de una asociación. La idea es tener una norma abierta, la norma nipo-brasileña», dijo entonces De Vido, para quien la compatibilidad entre ambos países no sólo se justificaba por razones políticas y económicas, sino también porque, en su opinión, la norma Isdb-T es más «flexible y abierta» que las otras, porque, según también expresó, «nos abrirá una posibilidad en la fabricación de conductores, de plasmas, de cajas de conversión, cosa que en los otros sistemas son un poco más cerrados».

El sueño de la unidad, sin embargo, no alcanza al resto de la región, donde Colombia y Uruguay ya han adoptado hace tiempo la norma europea DVB, y es posible que otros países lo hagan por la norteamericana ATSC. Es decir, el paisaje que se abre con la puesta en práctica de la digitalización será mucho más fragmentado que en la televisión color analógica, que dividía al mundo en dos grandes bloques, NTSC y PAL, con algunas excepciones, como la norma francesa y rusa Secam.

La Argentina, al adoptar formalmente la norma nipo-brasileña (la denominación se fundamenta en que se trata de un sistema desarrollado en el Brasil sobre la base técnica de la norma japonesa, pero bastante distinta de ella según los técnicos), registra otro récord dudoso: es el primer país que, en distintos períodos, pasó por las tres normas y luego las fue cambiando por razones puramente políticas.

En los 90, durante la época de las relaciones carnales con los EE.UU., el Gobierno Menem, a través de su ministro de Comunicaciones, Germán Kammerath, adoptó oficialmente la norma norteamericana ATSC. Con la llegada de la Alianza, la gestión De la Rúa, a través de su secretario de Comunicaciones, Enoch Aguiar, abolió esa norma, pero sin decidirse por una nueva.

A fines de 2006, durante la ronda de presentaciones de los distintos consorcios de cada una de las normas de la TV digital, Japón fue casi el patito feo. Como si ya hubiera dado por descontado que la Argentina se inclinaría por la europea, fue la última en presentarse ante el Gobierno.

El consorcio norteamericano ATSC, que carga con el peso de ser la norma pionera, pero la menos adecuada, según su diseño original, para la recepción en móviles, había hecho su presentación en la Embajada de los EE.UU., mientras que el grupo DVB lo hizo en Casa de Gobierno. En diciembre de 2006, un mes después, la Asociación de la Industria y Negocios de Radiodifusión del Japón hizo su presentación en las oficinas de NEC Argentina. Tadayoshi Mochizuki, consejero de la Embajada del Japón, dijo entonces a este diario aquello que hoy pondera el Gobierno para justificar su decisión: que la norma Isdb-T era la más flexible en su utilización. Las empresas emisoras, según Mochizuki, pueden transmitir gratuitamente sus señales a los celulares y otros aparatos portátiles junto con la emisión a los televisores, sin requerir una inversión aparte.

Brasil, país beneficiado por las inversiones japonesas y el desarrollo de una industria de decodificadores digitales a la que hoy aspira emular el Gobierno, había adoptado en soledad la norma Isdb-t a mediados de 2006. Japón siempre sostuvo que la norma europea obligaba a realizar inversiones en equipos de transmisión diferenciados, ya se trate de celulares o televisión, en tanto que la norma japonesa unifica su emisión por la utilización de una «división de banda en 13 segmentos, de los cuales uno de ellos tiene alcance directo, y gratuito, a los celulares.

Sin embargo, el horizonte que se avecina no es técnico, sino político: el Estado deberá decidir en un futuro cercano si los actuales licenciatarios de ondas de televisión continuarán reteniendo una única señal, o si ésta se multiplicará en ocho señales diferentes. Con el fin de la era analógica (en los Estados Unidos el apagón analógico se produjo en febrero, pero los cálculos más optimistas le otorgan diez años más a América Latina), el ancho de banda de cada una de las ondas digitales será de 6 Megahertz.

En la actual tecnología analógica, eso sólo permite la existencia de una única señal; pero, en la modalidad digital, ese ancho hace que, gracias a la compresión de datos, sea posible la simultaneidad de ocho canales en la norma nipo-brasileña, cuya forma de compresión MPG4 admite esa cantidad (el doble que la europea, que tiene compresión MPG2).

Aquí se planteará un nuevo problema: si el Estado decide que los licenciatarios de los canales de aire retengan una única señal, y se reserva para sí las siete restantes de una misma frecuencia para otorgar otras tantas licencias, esto impediría a las emisoras la futura transmisión en alta definición (HD), que requiere el empleo de la totalidad del ancho de banda, y obviamente esto sólo es posible si los canales disponen de ella. Pero, en ese caso, para los radiodifusores tampoco es una bendición disponer repentinamente de siete señales más, porque se plantearía el problema de los costos.