El fiscal federal Federico Delgado dictaminó que existieron faltas legales y omisiones procedimentales en el pago a los holdouts realizado por el Gobierno. Así, y sobre la base de antecedentes económicos vinculados con el origen de la deuda externa del país, recomendó que se unifique la denuncia presentada por el abogado Eduardo Barcesat contra el desembolso a los holdouts por u$s16.500 millones con la megacausa Olmos I y II, que investiga el origen fraudulento del endeudamiento externo de la Argentina desde 1976 hasta los canjes de 2005 y 2010. Para el fiscal, de acuerdo con lo que informó Ámbito.com, la defraudación contra la administración pública con los ciclos de endeudamiento comenzó con la dictadura cívico-militar y continuó en democracia hasta el 31 de marzo de 2016, cuando el Congreso sancionó la Ley 27.249, conocida como de "Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito". Destacó que no hubo un análisis sobre la mejora del perfil del endeudamiento público como lo dispone la Ley de Administración Financiera, ni se calculó el impacto en la balanza de pagos general, como lo fija la misma norma. Delgado se basó en una pericia que informó que no se cumplió con los artículos 61 y 65 de la Ley 24.156 y que "no existe parámetro válido de comparación del pago al contado de u$s12.500 millones" porque "continúan en etapa de adhesiones", ni se conoce un "detalle completo" de las emisiones de bonos originales, ni el "cálculo de ajuste" previsto a pagar a cada holdout. Alertaron que "en algunos casos ni siquiera existieron resoluciones judiciales que pusieran fin al pleito". A su vez pidió que se cite a indagatoria a Pedro Lines (director de Cuentas Internacionales del INDEC) y a Edith Cattáneo Tibis, subgerente de Normas de Exterior y Cambios del BCRA.
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