Fiscal pidió revivir la embestida final de Nisman contra el Gobierno

Alberto Nisman y Jorge Ballestero

El fiscal general de la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió ayer a la Sala I del tribunal que ordene proseguir la investigación iniciada por el fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento de la causa AMIA en un dictamen en el que rechazó con duras críticas el fallo del juez federal Daniel Rafecas. A través de un escrito, Moldes consideró que el cierre de la investigación ordenado por Rafecas era "apresurado" y que por lo menos había que realizar medidas de prueba, ya que -advirtió- "para poder arribar a una conclusión válida se hace imprescindible la realización de una batería básica de medidas conducentes".

"Es necesario investigar, poner en movimiento el proceso y desentrañar el acontecimiento que ha llegado a nuestro conocimiento. Lo contrario importa la renuncia consciente a la verdad y como tal al principio de justicia", remarcó Moldes en la presentación.

Ahora la decisión será de los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. El oficialismo apunta a lograr que la decisión de Rafecas sea confirmada, en un esquema de prioridades en el cual esta decisión supera con creces a la disputa por el memorando de entendimiento que debe tratar la Casación Penal federal. Un objetivo que el oficialismo persigue con otro estilo y nuevos interlocutores pero que no evita que en reuniones reservadas se señale que Moldes, que instruyó como fiscal la causa contra el excomisario Juan José Ribelli, debería estar excusado o que, por ejemplo, es opaco el motivo por el cual Freiler se excusó de tratar la constitucionalidad del memorando pero no hizo lo propio con la apelación de Gerardo Pollicita.

Anotaciones que quedan para el registro y que compiten con datos que ayer dominaron los conciliábulos en Comodoro Py, como el hecho de que la noche que murió Nisman quien estaba de turno en la Comisaría 14 era el fiscal Carlos Rívolo y que es él en todo caso, el que podría haberle disputado la instrucción a Viviana Fein.

Eduardo de Pedro es por estas horas el arquitecto de un clima de mesura que deja atrás las conversaciones previas que desarrollaron interlocutores como Carlos Zannini, Julián Álvarez o, en menor medida, Juan Martín Mena. El vértigo electoral lleva al oficialismo a postergar políticas estructurales (proyectos de códigos y reformas ya avaladas en el plano legislativo) con el fin de lograr un armisticio en los expedientes más sensibles para el núcleo duro de la actual administración.

El tiempo es un activo crucial en estos avatares ya sea para buscar que se estiren los plazos de algunas causas, como sucede con la que trata sobre el memorando con Irán (para esto se busca tender vínculo con los camaristas Luis Cabral y Ana María Figueroa) o directamente para apresurar definiciones que tendrían efectos no deseados en plena carrera presidencial. En este sentido, los próximos 120 días son decisivos.

Esta ansia de quietud, a la par de ciertos contactos subterráneos, enardece a los sectores más puristas del oficialismo que observan el silencio oficial ante la saga de resoluciones adversas en causas protagonizadas por el poder económico, desde la absolución de Carlos Blaquier hasta la negativa a citar directivos de Papel Prensa. Algo similar sucede con aquellos funcionarios que han jugado a fondo en la reforma de la SIDE y que rechazan cualquier tipo de acercamiento con representantes de la clandestinidad que han sido desplazados.

El intento por flexibilizar posiciones que hasta hace semanas se mostraban tajantes alienta otras introspecciones en la galaxia del oficialismo, como por ejemplo, la nominación de Roberto Carlés a la Corte Suprema. Los últimos cálculos del senador Miguel Pichetto indican que faltan seis voluntades para los 2/3 requeridos en la Cámara alta. En las conversaciones más encumbradas ese dato se traduce con otro pragmatismo: si se dieran ciertas ausencias, Carlés estaría cerca de tener 42 años por delante en la máxima jerarquía de la Justicia sin una clara referencia política en el exterior del tribunal. Algo muy similar a lo que en los albores del kirchnerismo se comentaba sobre Ricardo Lorenzetti. El apoyo más fuerte de Carlés no está en la escena local sino en Roma. Son influencias similares las que hacen juego para que Esteban Canevari deje la Secretaría de Derecho Penal de la Corte en lugar de una allegada a Marcelo Sancinetti, que representa al religioso Julio Grassi ante el máximo tribunal.

La Corte observa el ritmo de los acontecimientos desde una calma pragmática, pero a la vez obligada. Lograr tres votos en cuestiones sensibles se está transformado en una tarea que requiere paciencia para una circulación que últimamente irrita a Elena Highton de Nolasco, especialmente cuando su posición resulta divergente al binomio que integran Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Las muertes de Carmen Argibay y Enrique Petracchi y la salida de Eugenio Zaffaroni del tribunal dejaron una cantidad de funcionarios de larga presencia en la Corte que con el paso de los meses comienzan a exhibir posiciones críticas para con la actualidad del tribunal. El antecedente más reciente fue la apertura del año judicial, signada por el caso de la Embajada de Israel y el recuerdo de un Nisman cada días más transfigurado, producto de las últimas revelaciones, especialmente aquellas relacionadas con los negocios en plazas financieras del exterior.