Fiscal prepara citaciones y crece división por la marcha

PRELIMINARES EN EL SILENCIO DEL FERIADO. NUEVAS RIÑAS ENTRE FISCALES. DISTANCIAS ENTRE EL GOBIERNO Y GILS CARBÓ

Daniel Rafecas, Ricardo Sáenz y Jorge Di Lello

El fiscal federal Gerardo Pollicita ya espera al juez Daniel Rafecas para comenzar, este miércoles, a analizar las medidas de prueba requeridas por el primero. Si bien esas acciones se han redactado en el mayor de los sigilos, ya se sabe que el fiscal podría pedir una saga de declaraciones testimoniales, desde empleados administrativos de la Casa Rosada hasta exfuncionarios de la Cancillería.

El encuentro entre Pollicita y Rafecas transcurrirá en paralelo a la marcha dispuesta para el 18-F, a la cual el fiscal ya ha decidido no asistir. Sucede que Pollicita nunca fue considerado un fiscal adverso por parte del kirchnerismo; por el contrario, en el Ministerio de Justicia siempre se tomó como un dato concreto el hecho de que el secretario de su fiscalía tiene alguna cercanía a la corriente Justicia Legítima.

El fiscal ahora se muestra más cauto. Desde que instruye la denuncia final de Alberto Nisman se lo ve menos en el pasillo del quinto piso de los tribunales de Retiro -donde animaba largas charlas con empleados y otros fiscales- y asegura también haber moderado su vida social por fuera del horario laboral, señales que entre los fiscales se interpretan tanto como una evidente paranoia o como un recaudo con motivos fundados. La división entre los representantes del ministerio público ha llegado a su cenit. Un presente que el pasado viernes volvía a quedar reflejado cuando los organizadores del acto de pasado mañana tildaban de "traidor" al fiscal Jorge Di Lello. Poco importó que ese mismo día dicho funcionario había imputado a tres ministros por una muerte por desnutrición en el norte del país.

Las intrigas y los pleitos entre los fiscales tienen su reflejo en la cúspide de la estructura de la cual éstos forman parte. Existe desde hace quince días un clima de cierta frialdad entre la procuradora y el Gobierno, una brecha que tuvo su inicio cuando el oficialismo le traspasó a la procuradora general la oficina de pinchaduras judicial sin consultarle con antelación y que continúa luego de que algunos entornistas de Balcarce 50 pronosticaron una posible toma distancia de la jefa de los fiscales en el tramo final de la actual administración.

Instrucción

Esta percepción se ve reforzada por el dictamen que escribió hace semanas el procurador ante la Corte Eduardo Casal en el cual se muestra a favor de reabrir los expedientes cuya instrucción hubiera estado sometida a posibles irregularidades. Ese documento podría haberlo firmado otro funcionario, pero la responsabilidad quedó para Casal.

El pasado viernes, Gils Carbó definió el nuevo equipo de fiscales que reemplazará a Nisman en la oficina especial para la causa AMIA. El giro que ha adquirido este caso le otorga un lugar especial a la fiscal Sabrina Namer: intervino en el juicio oral de los supuestos sobornos en el Senado durante la administración de Fernando de la Rúa y por eso conoce múltiples vericuetos del ámbito de la inteligencia, porque por ese proceso desfilaron una docena de funcionarios de la ex-SIDE, se hicieron inspecciones oculares en las oficinas de la calle 25 de Mayo y se ahondó en la contabilidad y en las prácticas financieras del organismo.

Los avatares de la clandestinidad juegan un rol clave en la denuncia que intenta profundizar Pollicita y para lo cual podría convocar la colaboración de los fiscales nombrados por la procuradora general.

La factibilidad de lo planteado por Nisman es otro elemento de debate interno entre posturas como la que exhibe a diario en los medios el fiscal Ricardo Sáenz, que dice que su colega fallecido señaló una línea de investigación válida y aquellos jueces y fiscales que entienden que el dictamen está "floja de papeles" para un fiscal que llevaba una década al frente del caso y con dedicación exclusiva, tesis que se ve reforzada por el principio de que una denuncia falsa se considera un delito en sí misma.

Mientras estos debates giran en torno al caso que instruye Pollicita, la aparición de la exesposa de Nisman en el Congreso, la jueza Sandra Arroyo Salgado, dejó algunas esquirlas que deben considerarse de cara a las próximas semanas: el planteo de que la jueza solicitará un veedor de la OEA es un mensaje áspero hacia el interior del Poder Judicial, porque Arroyo Salgado está dando a entender que ella no confía, como querellante, en el sistema de Justicia argentino y que por eso busca respaldo en un organismo en el que el Gobierno firmó documentos estratégicos a partir del caso AMIA. Por cierto: ya se conoce en el oficialismo que es eminente la elaboración de un papper por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se conocerán severas objeciones.