Fiscales en alerta ante nuevo reparto de tareas por Gils Carbó

Con apenas cuatro meses en el cargo, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó una superestructura para la investigación de delitos económicos que, de acuerdo con la normativa que le dio origen, tendrá un poder paralelo o incluso superior al de los fiscales naturales de las causas judiciales.

Hace dos semanas, Gils Carbó creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que agrupó las funciones de tres unidades especiales que se encontraban hasta ahora a cargo de fiscales a media jornada. La nueva estructura absorbió entre otras la oficina sobre casos de lavado de dinero que ocupaba Raúl Pleé. Pero tras ese primer sacudón, el análisis del nuevo esquema sembró inquietud entre otros funcionarios de Comodoro Py.

La Procelac es la primera de varias unidades que prevé crear la procuradora, de modo tal de nuclear ejes temáticos para el combate del delito. Gils Carbó anticipó semanas atrás que el siguiente paso será organizar una nueva unidad que concentrará todas las causas relacionadas con el narcotráfico.

La preocupación de varios miembros del Ministerio Público pasa por dos ejes: por un lado, desconocen de qué manera será la convivencia con los fiscales «ad hoc» que integrarán las nuevas unidades y que, sin contar con la formalidad del cargo, tendrán facultades similares de investigación. Y por otro, advierten que la participación de esos funcionarios quedará sujeta a objeciones por las partes sometidas a proceso con el argumento de que la doble intervención pondría en riesgo sus garantías.

La clave, comentan los fiscales, está en el capítulo IV de la normativa que da inicio a la Procelac: allí, se consigna que el fiscal a cargo deberá «intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos de competencia de las áreas operativas de la Procuraduría, en todas sus instancias». Es decir, que una causa por delitos económicos tendrá a su fiscal natural, designado por sorteo junto con el juez federal de turno, pero además al funcionario de la nueva unidad con actuación en paralelo.

Gils Carbó puso a cargo de la Procelac al fiscal general subrogante ante los tribunales orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Carlos Gonella. El funcionario fue premiado por haber obtenido hasta ahora la única condena por un delito de lavado de activos. La condición de subrogante implica no haber obtenido el acuerdo del Senado para integrar el Ministerio Público. En ese aspecto (que comparten los otros funcionarios nombrados en la unidad) radicará, creen en Comodoro Py, su principal flanco débil.

Los funcionarios judiciales con más años en el fuero federal sostienen que el dilema había sido zanjado en los 90: mientras el exministro del Interior Carlos Corach impulsaba un mecanismo para agilizar el desplazamiento de los fiscales de las causas, terminó por imponerse el criterio de Jorge Yoma, que planteaba la necesidad de fortalecer las garantías de los que habían intervenido desde su inicio en las investigaciones.

En la misma línea, el extitular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) Manuel Garrido renunció en marzo de 2009 a su cargo luego de que el anterior procurador, Esteban Righi, emitiera una instrucción que limitó sus funciones a las causas en las que ese organismo hubiera sido el denunciante original. Lo que en algunos sectores se leyó como un recorte de funciones de Garrido, en Comodoro Py fue visto como una forma de reforzar a los fiscales frente a intervenciones paralelas.

Cuando asumió al frente de la Procuración, Gils Carbó les transmitió a sus subordinados que pelearía por mayor presupuesto y más personal para las fiscalías. Como le dijo la funcionaria a este diario, el Ministerio Público cuenta con un quinto del presupuesto del Poder Judicial, y sin embargo los fiscales llevan adelante más de la mitad de los expedientes por delegación de los jueces.

Los fiscales que desconfían de Gils Carbó advierten que con las nuevas unidades corren el riesgo de ver su labor supervisada -y hasta objetada- por funcionarios jóvenes que sospechan, tendrán más afinidad con el Gobierno.