Fiscalía bloquearía candidatura de Lula (¿para este año?)

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  San Pablo - El Ministerio Público Federal brasileño, que analiza las declaraciones del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva formuladas el viernes pasado, dejó trascender que evalúa abrir en su contra una acción civil que le impida ser candidato en los comicios de 2018, o incluso antes, si es que prospera una demanda contra Dilma Rousseff en el Tribunal Superior Electoral (TSE) que anularía su mandato.

Por lo pronto, el "Grupo de Tareas" del Ministerio Público Federal de la causa trabajó todo el fin de semana sobre los documentos, teléfonos y computadoras secuestrados en el domicilio y las oficinas de Lula el viernes pasado. Al respecto, el coordinador del cuerpo de fiscales, Carlos Fernando dos Santos Lima, declaró que existen "indicios" serios sobre la relación de Lula con la organización delictiva que perpetró estafas millonarias. También sobre la titularidad de Lula de un departamento en la playa de Guarujá y la finca en Atiabia, dos localidades del interior de San Pablo que habrían sido adquiridas con el apoyo encubierto de grandes empresas constructoras envueltas en el Petrolao. Lula siempre negó ser propietario del departamento y la quinta, pero si se comprueba la falsedad de sus declaraciones, sería causal para la acción civil que analiza promover el Ministerio Público Federal. La pena por ese delito puede ser la casación de los derechos políticos, incluso el de ser candidato, por hasta 10 años. Esta posibilidad se conoció poco después de que Lula anunciara su intención de ser candidato presidencial en los comicios de octubre de 2018, para los que lidera las intenciones de voto. De acuerdo con Datafolha, Aécio Neves (PSDB), Lula y Marina Silva (Rede) permanecen en el podio de candidatos para eventuales elecciones. Eso, en momentos que el TSE investiga la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral de 2014, lo que podría llevar la anulación del mandato de Rousseff y su compañero de fórmula, el vicepresidente Michel Temer. En caso de una resolución perjudicial para el Gobierno, se convocará a las urnas en un plazo de 90 días. Si,en cambio, el fallo es en 2017, el Congreso nombrará a un presidente interino para que concluya el período.

El viernes Lula fue trasladado de forma coercitiva desde su departamento en la ciudad de San Bernardo do Campo, cordón industrial de San Pablo, hasta la sede de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas, centro de San Pablo. Al respecto, Rousseff afirmó ayer que "no es posible aceptar" que se dé ese trato a su correligionario ya que "jamás se recusó a deponer" ante la Policía Federal.

Agencias ANSA, Brasil247 y DPA, y Ámbito Financiero

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