Flexibilizan blanqueo para los familiares de los funcionarios

A contramano de lo establecido en el Congreso, el Gobierno incorporó cambios en el sinceramiento fiscal que chocan con las ideas de Carrió.

 El Gobierno emitió ayer un decreto en el que modificó la reglamentación de la Ley 27.260 de "sinceramiento fiscal" para permitir que a partir de hoy los familiares de los funcionarios puedan blanquear capitales. El cambio fue concretado a través del Decreto 1206 publicado ayer en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Macri, Marcos Peña y Alfonso Prat Gay.

La medida va a contramano de lo que había dispuesto la Ley votada por el Congreso, en el que fue la propia Elisa Carrió la que exigió que se excluyera a los funcionarios y sus familiares del blanqueo. El pasado 30 de mayo, en pleno debate por el "sinceramiento fiscal", la CC-ARI emitió un duro comunicado cuestionando la medida y reclamando que los funcionarios y sus familiares directos debían quedar excluidos del beneficio para evitar "acuerdos de impunidad".

Con esta decisión, Cambiemos modificó el Decreto 895 con el que había reglamentado el Libro II de la Ley 27.260 que dio luz verde al blanqueo para reunir los fondos que pagarían el reajuste jubilatorio. El artículo 21 del decreto reglamentario imponía el carácter restrictivo y la exclusión de los de quienes hayan ocupado cargos de funcionario público entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la ley. Pero ahora el Gobierno ordenó agregar como último párrafo de ese artículo 21 que los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los funcionarios "podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional" de sus bienes. Eso será "exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha" en que los funcionarios públicos "hubieran asumido los respectivos cargos". La prohibición, ahora levantada, recaía sobre familiares del Presidente y vice, gobernadores y vicegobernadores, jefe o vicejefe de Gobierno porteño e intendentes municipales. También afectaba a senadores y diputados nacionales, provinciales, concejales municipales, Parlamentarios del Mercosur y magistrados del Poder Judicial, entre otros.